Cancún, QR, 18 de julio. El megaproyecto inmobiliario Aldea Maya Zamá, que se pretende construir en 36 hectáreas que pertenecían a la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), rebasa el perímetro urbano de Tulum, denunció Xavier Peralta Casares, presidente de la organización Por Tulum, Contraloría Ciudadana.

El ambientalista explicó que, de acuerdo con los planes de desarrollo urbano, en 25 años Tulum tendrá 200 mil habitantes, pero con el desarrollo inmobiliario sumarían 329 mil 611, lo que tendrá un efecto devastador e incontrolable; ni los ecosistemas ni la administración pública podrían soportar un crecimiento poblacional tan alto y acelerado.

Señaló que Félix González Canto, ex gobernador y senador electo por Quintana Roo, vendió el terreno a los desarrolladores. En esas 36 hectáreas, que pertenecían a la Uqroo, iba a levantarse un campus, pues en abril de 1997 se donó el predio a la casa de estudios, pero en 2007 Félix González y el entonces rector de la Uqroo, José Luis Pech Varguez, canjearon el terreno por 90 hectáreas ubicadas en Xcacel y 20 en Playa del Carmen.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental en la entidad envió a la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un análisis en el cual advierte que el proyecto colinda con el Parque Nacional de Tulum y se encuentra a sólo 5.4 kilómetros de la reserva de la biosfera de Sian Ka’an, lo que viola los criterios del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la región denominada corredor Cancún-Tulum.

Agrega que el proyecto tampoco muestra el estudio geohidrológico supuestamente aprobado por la Comisión Nacional del Agua; además, Tulum carece de red de drenaje sanitario, por lo cual el conjunto debería contar con una planta de tratamiento de aguas.

En Nuevo León, integrantes del Comité Ecológico Pro Bienestar presentaron una denuncia ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República contra autoridades federales, estatales y municipales por la ilegal construcción de un estadio de futbol en terrenos pertenecientes al parque ecológico La Pastora en el municipio de Guadalupe, conurbado a Monterrey, capital del estado.

Los activistas exigieron la clausura definitiva de la obra y que se cite a comparecer a funcionarios, legisladores y empresarios implicados en la entrega de 24.5 hectáreas de terrenos públicos, así como en el otorgamiento de permisos para la obra.