Una veintena de organizaciones de defensa de derechos humanos –nacionales e internacionales– enviaron ayer una carta al titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Poiré, en la que manifiestan que han transcurrido ya dos años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió las sentencias en favor de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron violadas por militares en 2002, y a la fecha prevalecen graves rezagos en su cumplimiento.

Entre las organizaciones signantes de la misiva se encuentran la Organización Mundial Contra la Tortura, Servicio Internacional para la Paz, Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes destacan en el escrito que prevalecen graves rezagos que están vinculados a cuestiones administrativas.

A más de una década de que estas mujeres fueron violadas, sostienen, no hay indicios de que los responsables serán consignados a la brevedad. A más de 10 años de los hechos, los expedientes ni siquiera han sido presentados ante una autoridad judicial.

Rezagos administrativos

Las organizaciones precisan que las sentencias de la CIDH en favor de las dos mujeres indígenas ultrajadas por elementos militares enfrentan rezagos de cumplimiento en materia de salud, educación, reparaciones comunitarias e indemnizaciones.

Hacen notar que en materia de justicia, si bien celebramos y reconocemos la importancia de la remisión de las investigaciones del fuero militar al fuero civil, a la fecha no hay indicios de que los responsables serán consignados a la brevedad

También refieren a Poiré que tienen conocimiento de que se han realizado diversas mesas de trabajo en Chilpancingo, Guerrero, en el marco de la sentencia en favor de Inés Fernández Ortega, y que mañana 17 de julio habrá una nueva reunión con autoridades federales y estatales.

En la misiva, las ONG reiteran la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo federal frente a las sentencias emitidas en favor de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú, con quienes usted personalmente se comprometió en el marco de los Actos de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional derivados de esos fallos.