Amnistía Internacional (AI) llamó ayer al Senado a no ratificar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), recientemente firmado por el presidente Felipe Calderón, porque ese instrumento no garantiza un adecuado equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y el derecho a la libertad de expresión y al debido proceso que deben garantizar los estados.

La organización internacional de defensa de los derechos humanos sostiene que es legítimo el esfuerzo de los estados por preservar los derechos de propiedad intelectual, pero nunca a costa de una restricción tan significativa a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso.

El director ejecutivo de AI México, Alberto Herrera Aragón, resaltó que Calderón firmó el ACTA, a pesar de los polémicos antecedentes en la redacción y discusión de este tratado por las consecuencias que podría traer para la libertad de expresión, en particular en lo relativo al uso del Internet como medio de intercambio de información.

Herrera subrayó que el libre flujo de información en Internet ha significado una importante herramienta para la participación de la población en asuntos públicos y ha permitido una amplia movilización social para exigir gran variedad de derechos, por lo cual ningún instrumento legal debe poner en riesgo la libertad de expresión vinculada al uso de las redes virtuales.

Para que el ACTA entre en vigor se requiere que lo ratifiquen por lo menos seis estados, apuntó. La firma de Calderón es un primer paso, pero la facultad última recae en el Senado, por lo cual hacemos un llamado a esa cámara a no ratificarlo mientras no existan modificaciones sustantivas que aseguren que la libertad de expresión y el debido proceso serán garantizados.

En septiembre del año pasado el Senado exhortó a Calderón a no firmar el ACTA, ya que luego de un amplio análisis concluyó que ese tratado atenta contra derechos incluidos en la Constitución, se contrapone a otras leyes, como la de derechos de autor, y de aplicarse deriva en una censura a los contenidos de Internet y en consecuencia en una restricción a la libertad de expresión.