Con el sustento de un dictamen técnico elaborado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que recomendó el remplazo o modernización del sistema parlamentario de asistencia, votación y audio automatizado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados federales de todos los partidos autorizaron erogar para esa inversión 70 millones de pesos. No obstante, el costo ascenderá a 102 millones 318 mil 228 pesos.

Tal cantidad forma parte de un monto de 445 millones de pesos de que dispone el comité de administración de la Cámara para distintas obras que deberán iniciarse y concluirse antes del 31 de agosto, fecha en que concluye la LXI Legislatura.

Si esos recursos, o parte de ellos no se erogan, deberán integrarse a la Tesorería de la Federación como ahorro, hecho que no tiene precedente, porque los partidos políticos representados en San Lázaro terminan repartiéndose ese presupuesto.

El polémico proceso del sistema parlamentario de asistencia inició desde el 23 de abril de 1998, cuando se emitieron las bases para la adquisición e instalación del mismo. Éste duró ocho meses, hasta que el 14 de diciembre del mismo año concluyó.

Diez años después, el 27 de abril del 2008 la Cámara de Diputados envió una solicitud al Cinvestav para suscribir un convenio para realizar un dictamen técnico sobre el estado de los sistemas electrónicos y el software instalados en el salón de sesiones de San Lázaro, para determinar sus potencialidades, limitaciones y fallas técnicas, su actualidad tecnológica, posible vida útil y conveniencias para el futuro en el marco de nuevos componentes tecnológicos en la materia.

El 3 de marzo del siguiente año, el Cinvestav entregó sus conclusiones, y aconsejó a los diputados remplazar o modernizar el sistema, para evitar el colapso repentino.

El órgano del IPN expuso los requerimientos para emprender la modernización del tablero: un sistema con arquitectura abierta y amigable en hardware y software; entrenamiento especializado al personal involucrado; pólizas o contrato de mantenimiento integrados como parte de la garantía del sistema, y ofrecer un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo por evento o de manera anual.

Ante tales sugerencias, tres años después, el pasado 3 de mayo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados instruyó a la Secretaría General y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que formularan la solicitud de renovar este sistema a la Secretaría de Servicios Administrativos.

El 15 de mayo se convocó a cinco empresas para que presentaran propuestas, y sólo tres de ellas enviaron sus proyecciones técnico-económicas. Se trató de Audio, Video y Control, Audio Acústica y Electrónica y Gonher Proaudio. La primera cotizó todo el proceso en 102 millones de pesos, la segunda en 131 millones y la tercera en 134 millones.

Luego de esta invitación a proveedores, la empresa asignada fue Audio, Video y Control. Ésta, desde diciembre de 2007 hasta finales del 2010 fue beneficiada con asignaciones directas de contratos para mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones del sistema de asistencia, votación y audio del salón de sesiones, por un monto de 7 millones 225 mil 970 pesos.

En estas condiciones, los órganos directivos de la Cámara de Diputados consideraron indispensable cambiar el sistema de registro. Desde hace más de dos meses, los pisos y paredes del salón de sesiones se encuentran levantados, pueden verse miles de cables y las curules fueron removidas al vestíbulo del nuevo edificio del Palacio Legislativo en la zona oriente del complejo.

Hasta ahora persiste un engaño en este procedimiento, porque se ha dado a conocer a la opinión pública que el costo del nuevo sistema será de 79 millones 299 mil 949 pesos. Esa cifra sólo corresponde al subtotal de la propuesta que presentó la empresa Audio, Video y Control, porque por concepto de IVA cobrará 12 millones 687 mil 991 pesos, para conformar un total de 91 millones 987 mil 940 pesos. A esto se suman 10 millones 330 mil 288 pesos por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo. El gran total (si no es que se incrementa de último momento el costo) será de 102 millones 318 mil 288 pesos.

La empresa beneficiada por muchos años en San Lázaro no presentó garantías de funcionamiento y tampoco, junto con la autoridad legislativa, dio a conocer las penalidades en las que incurriría si no se entrega el sistema el día 15 de agosto de este año.

A la fecha se ha solicitado el contenido del contrato, y el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados se ha negado a otorgarlo; además, el comité de transparencia en San Lázaro, no ha respondido al requerimiento de ese documento.

Esta erogación es dispendiosa y debería ser resuelta por la próxima legislatura, señaló recientemente el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.