l premio Nobel de Economía Amartya Sen, en su libro La idea de la justicia inicia la introducción refiriéndose a lo dicho en el parlamento británico por Edmund Burke: Ha ocurrido un evento sobre el cual es difícil hablar, e imposible callar. Aunque el discurso de Burke no tenía nada que ver con los acontecimientos en Francia, en ese tiempo, sí lo tenía con otro suceso a cuyo protagonista Burke estaba tratando de recusar: el jefe del ejército británico en la India oriental, Warren Hastings, el iniciador del despliegue del dominio imperial en el subcontinente, lo que no puede ser ajeno al interés de Amartya, como una parte de la historia de su patria, además de su formación académica, como profesor de filosofía y economía en Harvard, y master del Trinity College de Cambridge, de 1998 a 2004.

Lo que en realidad estaba en juego en este asunto era la violación de las eternas leyes de la justicia que se imputaba a Hastings y a las evidentes injusticias que se cometieron entonces con el pueblo indio, acerca de las cuales el lenguaje se quedaba corto, dice Amartya Sen, sin embargo, cualquier análisis de la injusticia exigiría una articulación clara y un escrutinio razonado.

En nuestro caso, en el México de las elecciones de 2012 me parece que la exigencia para invocar la aplicación de las instituciones políticas vigentes, por lo menos desde 1917, que encuentran su apoyo social y jurídico en la Constitución de Querétaro, herencia tangible de una revolución que costó más de un millón de vidas, es completamente justa y no se pueden pasar por alto así nomás, gritando con el rostro descompuesto y la voz destemplada. Así, Andrés Manuel López Obrador clamaba al diablo con las instituciones. Esperamos esta vez, una articulación clara y un escrutinio razonado, que fortalezca nuestras instituciones democráticamente.

No hemos olvidado tampoco la ocupación ilegal e injusta, impuesta a la gran mayoría de los ciudadanos del Distrito Federal en el Paseo de la Reforma. Por allí mismo desde el Colegio Militar, que en 1913 estaba ubicado en el Castillo de Chapultepec, durante la decena trágica, un puñado de cadetes leales a las instituciones y al presidente Francisco I. Madero, quien en esos días era víctima del cuartelazo del traidor Victoriano Huerta. Por allí mismo transitaron a pie y a caballo, en medio de una lluvia de balas, hasta el Palacio Nacional. Es bien conocido el hecho trágico de que el presidente Madero fue cruelmente asesinado, junto con el vicepresidente Pino Suárez, dando principio al gobierno espurio de Huerta.

¿Qué significa actualmente el término instituciones? De las diversas fuentes que consultamos, encontramos varias características comunes en todas las definiciones: en el Manual básico de economía EMVI de la Universidad de Málaga (eumed.net) se dice que el concepto de institución se utiliza en su modalidad más genérica, para designar la forma en la que se relacionan los seres humanos de una determinada sociedad buscando el mayor beneficio para todos quienes la integran. Son los hábitos, los usos, las costumbres o las normas por los que se rigen las relaciones sociales y económicas de la sociedad, los que crean las instituciones.

El diccionario de la Real Academia dice que cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad... órganos constitucionales del poder soberano en una nación. Acción de poner a uno, en posesión de un beneficio legítimo.

En lo que refiere a los clásicos, de los que aprendimos en los salones de la Facultad de Ciencias Políticas, en la cátedra del maestro Víctor Flores Olea, como podría ser Max Weber, por la antigüedad de los textos, hay que extraer los conceptos básicos aplicables para que sean de utilidad para los objetivos de este artículo. Por ejemplo, en su definición de poder, no se puede ya aceptar en una democracia moderna, como necesaria la posibilidad de imponer por la fuerza de coacción la voluntad de los gobernantes. Pero el propio Weber da la pista para encontrar una definición más ajustada a las necesidades de una democracia moderna, cuando define la dominación, en la que establece la posibilidad de obtener obediencia, que no sumisión, por la voluntad de los miembros de una sociedad dada, que aceptan como fuente de legitimidad la racionalidad del derecho, y que se puede derivar de la tradición y de las costumbres, siempre que sean plasmados en arreglos o convenciones de aceptación general, como sería en nuestro caso, la Constitución de la República y las leyes que se derivan de ésta.

Por supuesto que una Constitución es un cuerpo de leyes que rige en todo el territorio nacional, y que ella misma fija las reglas para ser modificadas, por el Poder Legislativo federal, en el caso de todo el país y en los estados de la República, por los congresos estatales. La obediencia a la Constitución y a las leyes secundarias, posibilita el gobierno por consenso, que involucra la voluntad mayoritaria ciertamente, pero que también incluye la identidad de creencias y principios.

Un líder de masas dirige a sus contingentes valiéndose del ejercicio del poder por identidad de ideologías de sus miembros. Un jefe de Estado lo hace mediante la composición de las fuerzas políticas que actúan legítimamente dentro del país, y lo guía en la dirección de la resultante así obtenida. Si el jefe del Estado no toma en consideración de esta manera a todas las fuerzas políticas, deja de serlo, y estaría actuando como líder de una agrupación política, y no podría gobernar por consenso democrático.

Quien quiera que viole la ley, habrá de responder por ello ante las autoridades competentes y ante la historia, sin excepciones. Pero no hay que olvidar un supuesto elemental en una sociedad democrática: quien acuse a otro ciudadano tiene lo que los abogados llaman la carga de la prueba. Es decir, que debe demostrarlo. Con pruebas que las propias leyes y las autoridades correspondientes, acepten como tales. Decir que se poseen, sin demostrarlo, no lo vamos a aceptar como un medio válido para mandar al diablo las instituciones.