Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Estado mexicano conserva una deuda social con las personas a quienes el salario mínimo no les garantiza el pleno acceso a los productos y servicios básicos para su subsistencia, desarrollo y ejercicio efectivo de sus garantías fundamentales.

De acuerdo con datos del Observatorio del Salario Mínimo (OSM) de la Universidad Iberoamericana citados por el organismo, concluye que en casi seis años el poder adquisitivo de los mexicanos ha decaído 32 por ciento debido en los los incrementos a productos de primera necesidad.

Ante ello, la CDHDF expresó su preocupación por la disminución del poder adquisitivo del salario en nuestro país y el impacto negativo que esto tiene en la calidad de vida de las personas.

El organismo consideró que garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado es prioritario para fortalecer un sistema social más equitativo, donde el acceso a los derechos de las personas no se encuentre condicionado por las carencias y limitaciones en sus condiciones de vida.

De acuerdo con el estudio citado, esto deriva de los incrementos a productos de primera necesidad, como tortillas (270 por ciento), frijol (167 por ciento), arroz (140 por ciento), jitomate (115 por ciento) y leche (73 por ciento), así como a la gasolina, 86 por ciento.

La CDHDF dijo, mediante un comunicado, que los datos del observatorio obligan a revisar la vigencia de las inquietudes y recomendaciones expresadas por este órgano, y señaló el incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano para garantizar condiciones de vida dignas a los mexicanos, por medio de la obtención de una remuneración adecuada y equitativa por el trabajo que se efectúa.

El organismo hizo un llamado a revisar, desde una perspectiva de derechos humanos, la actual situación salarial y las políticas públicas que impactan en la vida cotidiana, el derecho a un nivel de vida adecuado y que, de manera contextual, contribuyen a incrementar las condiciones de desigualdad económica, exclusión social, marginación, discriminación, déficit alimentario, salud, vivienda, educación y, en conjunto, deterioran las condiciones de exigibilidad de todos los derechos en nuestro país.