La administración de Felipe Calderón ha enfrentado una serie de movimientos opositores a megaproyectos industriales y turísticos por los nocivos impactos sociales y ambientales que conllevan.

El 15 de junio pasado, el jefe del Ejecutivo federal anunció la revocación de la autorización para que la empresa española Hansa Baja Investments construyera el proyecto inmobiliario Cabo Cortés en Cabo Pulmo, Baja California Sur, luego de una importante movilización de la sociedad, encabezada por la organización ambientalista Greenpeace.

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop) ha luchado por siete años en oposición a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero. La agrupación informó, el pasado jueves 12 de julio, que un tribunal ratificó la nulidad de la asamblea que aprobó el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo con la agrupación, la decisión pone punto final al mismo.

El 24 de mayo de este año la minera canadiense First Majestic Silver anunció la cesión del lote minero de 761 hectáreas correspondiente a la concesión de Minera Real Bonanza al gobierno federal. Sin embargo, el Consejo Regional Wixárika para la Defensa de Wirikuta aseguró que el territorio sagrado lo constituyen por lo menos 140 mil 212 hectáreas, en las que siguen vigentes por lo menos 79 concesiones mineras que abarcan una extensión de casi 70 por ciento del territorio.