n las últimas semanas se han dado tres avances importantes en el tema migratorio de Estados Unidos. Son victorias parciales, pero dado el panorama gris en la materia, bien pueden considerarse como triunfos que dan una bocanada de aire fresco para las familias migrantes y constituyen un balón de oxígeno para los activistas desgastados tras los años de lucha y reveses sufridos.

El primer triunfo fue de los jóvenes, los dreamers, a quienes nos hemos referido anteriormente en esta columna. Es un avance, sin duda, pero en los hechos Obama ya había dado la orden, por lo bajo, de no deportar a los jóvenes estudiantes, sólo en caso de haber cometido algún delito. Su decreto presidencial tuvo mucho de electorero con la comunidad latina, pero fue un respiro para más de un millón de implicados, que hipotéticamente podrían acogerse al programa.

Obviamente, los no favorecidos son los más pobres, aquellos que no pudieron terminar la preparatoria y sólo se les queda como alternativa entrar al ejército y convertirse de carne de cañón. Como quiera, allí tendrían posibilidad de estudiar y encontrar una profesión, más allá de cargar un fusil.

Pero la victoria es parcial, porque los padres de estos jóvenes siguen siendo indocumentados y no tienen ninguna puerta abierta a la regularización. Por lo tanto la lucha continúa; una vez encarrilados en las lides políticas y con formación académica, estos jóvenes pueden aportarnos un futuro diferente.

La batalla legal sigue su curso, pero es importante destacar los criterios señalados por la secretaria Janet Napolitano: Las leyes de inmigración de nuestro país deben hacerse cumplir de una manera firme y sensata. Pero no están diseñadas para cumplirse ciegamente sin tener en cuenta las circunstancias individuales de cada caso. Ni están diseñadas para deportar a jóvenes productivos a países donde puede que no hayan vivido nunca o que ni siquiera hablen el idioma. En estos casos, la discreción, la cual se utiliza en tantas otras áreas, está especialmente justificada.

Bueno sería que nuestros juristas, supremos magistrados, y en especial los del tribunal electoral, tuvieran este criterio, de que es necesario tener en cuenta las circunstancias particulares y no se puede hacer cumplir la ley tapándose los ojos con un dedo.

El segundo triunfo parcial se dio en la Corte Suprema de Estados Unidos, que finalmente dictaminó sobre la controvertida ley Arizona SB 1070 y desarmó, parcialmente, los ímpetus persecutorios de otras tantas réplicas legales en varios estados, como Alabama, Georgia, Utah, Indiana, etcétera.

Para empezar la corte definió que el tema migratorio es un asunto federal, no de incumbencia estatal, a pesar de que fue Bill Clinton (demócrata) el que abrió la puerta a la intervención de los estados en materia migratoria con la reforma de 1996 (IIRAIRA).

La ley Arizona se fue demasiado lejos y la corte le ha cortado las alas a su arrogancia y prepotencia al dejar sin efecto la mayoría de sus disposiciones. Sin embargo, dejó vigente la parte más polémica y peligrosa de la ley, la que permite a la policía comprobar el estatus migratorio de quien considere sospechoso. Esta disposición, conocida como papeles, por favor, va dirigida en español a los latinos, por lo que tiene un alto potencial de convertirse en un instrumento legal de discriminación, léase racismo.

La sospecha razonable de ser indocumentado va dirigida a la raza de bronce; va a ser muy raro y excepcional que un policía le pida documentos a un güero o a un negro, pero sí a un latino. La política migratoria estadunidense, que por décadas permitió y alentó el ingreso de trabajadores indocumentados de origen mexicano, fomentó en el público y en las autoridades la percepción supuestamente razonable de que si eres o pareces mexicano, eres indocumentado.

Finalmente hay que mencionar que el alcalde de Chicago, Rham Emanuel, amigo y compañero del presidente Obama, acaba de promover a la ciudad como la más amigable con la población migrante. Fiel a su origen multicultural y a la mejor tradición del Partido Demócrata, la ciudad se va a convertir en un santuario para la migración al promulgarse la iniciativa de ley local Familias Seguras, que tiene como propósito ofrecer protección básica a los indocumentados que viven en la ciudad y que no han sido culpables de un delito grave.

Se acabaron las deportaciones porque el coche tenía una luz descompuesta o por no tener licencia de manejo. La policía de Chicago no podrá indagar sobre el estatus legal de los residentes en la ciudad y en el condado de Cook. Esta disposición va en contra de la resolución de la Suprema Corte que sí aprobó la disposición conocida como papeles, por favor, promovida en Arizona y va en contra de la política de Obama de establecer convenios entre la migra (ICE) y las policías locales para informar sobre posibles delincuentes o infractores indocumentados. La disposición del condado también enfrenta directamente la resolución de la corte en el sentido de que no se puede legislar en materia de migración, ni a favor ni en contra.

Chicago, acorde con su historial de clase obrera y luchadores sociales y a su presente de ciudad global, moderna y multicultural, da un paso gigantesco en un momento en el que las fuerzas conservadoras, nativistas, racistas y xenófobas parecían tomar el control ideológico y político del asunto migratorio.

Tres avances sustanciales que hay que celebrar y que nos dan la pauta para soñar, para esperar lo imposible y para seguir insistiendo en que los migrantes ya no son sólo trabajadores indocumentados: son residentes migrantes indocumentados, que tienen derechos reconocidos por su propia historia de trabajo honesto y participación activa en la sociedad de destino.