A las 23 horas del jueves, el gobierno mexicano rechazó el informe elaborado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos donde se considera inefectivo el despliegue de las fuerzas armadas nacionales para combatir el narcotráfico.

Documentos unilaterales no generan las condiciones necesarias para enfrentar los retos derivados de la delincuencia organizada, se establece a través de un comunicado emitido por la Cancillería y a continuación un largo listado de acciones y mecanismos para hacer frente a un fenómeno presente en ambos lados de nuestra frontera común y resalta también la consolidación de un nuevo paradigma de cooperación con Estados Unidos en este ámbito.

Sin embargo, se manifiesta ahí, la preocupación de México porque al elaborar ese reporte no se siguió la práctica diplomática con relación a los procedimientos de coordinación habitual inherente a toda actividad legislativa de carácter internacional.

Y puntualiza: Sin lugar a dudas, muchos de los retos en materia de seguridad y violencia que enfrenta la sociedad mexicana tienen su origen más allá de nuestras fronteras. El gobierno de México ha actuado con determinación y firmeza para neutralizarlos y garantizar el bienestar de la población, como señala el informe publicado.

Precisamente en el diagnóstico cuya elaboración encargó John Kerry, presidente del Comité de Relaciones del Senado estadunidense, se afirma que “una extensa dependencia de los militares para acotar la ilegalidad y confrontar directamente a los cárteles del narcotráfico parece haber sido, en gran medida, inefectivo y, en algunas instancias ha exacerbado la violencia sufrida por civiles”.

Frente a ello, el gobierno mexicano destaca la instrumentación de políticas públicas y la inversión de recursos económicos para fortalecer las capacidades del Estado en favor de los mexicanos. Menciona además el impulso, desde el gobierno federal –en 2008– de una ambiciosa reforma al sistema de justicia penal para hacer más expedita su impartición mediante los juicios orales y refiere además otras reformas relativas al sistema de amparo y en materia de derechos humanos.

Luego puntualiza el crecimiento de integrantes de la Policía Federal, al pasar de 6 mil a más de 36 mil, la infraestructura y equipamiento de punta en esa corporación y la integración del sistema criminal Plataforma México, con 500 millones de datos.

Mención especial en el documento de respuesta se concede al papel determinante desempeñado en estos años por las fuerzas armadas para combatir la violencia derivada del crimen organizado, los mecanismos de control de confianza y en general, la dinámica institucional sólida a partir de la definición de responsabilidades de todos los poderes del Estado.