Se analizará el uso que se dio al audio y el supuesto financiamiento ilegal al sol azteca
Sábado 14 de julio de 2012, p. 9
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició una averiguación previa por la difusión y utilización de la grabación de una llamada telefónica entre el abogado Julio Scherer Ibarra y el empresario Julio Villarreal, en la que el primero presuntamente solicita al presidente del consejo de administración de Banca Afirme 30 millones de pesos para apoyar al presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.
Lo anterior, luego de que el litigante interpuso una denuncia penal por el delito de violación a la comunicación privada, en la que señala como presunto responsable al representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Sebastián Lerdo de Tejada, quien presentó ante las autoridades electorales la citada grabación como prueba de lo que afirmó ser un financiamiento ilegal de las campañas electorales perredistas.
Por este motivo, informó el procurador capitalino Jesús Rodríguez Almeida, el priísta será citado a comparecer ante el Ministerio Público (MP), así como todo aquel que pudiera estar involucrado.
El funcionario señaló que en principio el MP analizará si en los actos denunciados se tipifica la comisión de algún delito; además, no descartó que se investigue si el contenido de la conversación también pueda constituir un acto ilícito.
Estamos revisando por supuesto si podría existir algún delito en específico, pero para ello tenemos que realizar diligencias y citar a las personas involucradas para que declaren
, manifestó Rodríguez Almeida, luego de encabezar una ceremonia de entrega de reconocimientos a personal de la dependencia a su cargo.
Scherer Ibarra presentó su denuncia el pasado 10 de julio, con base en el artículo 334 del Código Penal del Distrito Federal, que señala como delito la divulgación, revelación y uso indebido de información o imágenes obtenidas de una comunicación privada, con una penalidad de tres a 12 años de cárcel y multa de 200 a mil días de salario mínimo.