Senadores del PRI y el PRD advirtieron que si el presidente Felipe Calderón interpone una controversia constitucional contra la decisión del Congreso de publicar la Ley General de Víctimas, habrá una ruptura y divorcio con el Poder Legislativo, y faltará a la promesa hecha ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de que habría una legislación en la materia.

De las cosas que valen en política es que lo que se acuerde, se respete, subrayó el priísta Francisco Labastida Ochoa.

A su vez, el perredista Carlos Sotelo advirtió que el titular del Ejecutivo estuvo al tanto del contenido de la ley desde que iniciaron los trabajos, hace más de un año y nunca expresó objeción alguna. Ambos coincidieron en que Calderón debe estar consciente de que presentar una controversia constitucional contra la ley –una vez que se publique– podría retrasar hasta dos años la puesta en marcha de esa legislación y la justicia para las víctimas de su guerra contra el narcotráfico.

Labastida deploró que el Presidente cambie de opinión con tanta facilidad, pues con ello mete al gobierno y a las gentes que tratan con el gobierno en un problema cotidiano. Es muy, muy mal camino, y está provocando un divorcio con el Congreso.

A su juicio, Calderón decidió vetar la ley y seguramente interpondrá una controversia contra la decisión de la Comisión Permanente de publicar la legislación, por un mal cálculo del costo de la misma. Explicó que es falso que haya una erogación que no pueda cubrirse, porque los legisladores cuidaron en acotar las indemnizaciones a las víctimas, a fin de que no se lleven todos los recursos sólo unos cuantos.

En contraparte, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, sostuvo que la ley, por la presión política, se aprobó con prisas y la Suprema Corte la puede echar abajo.

Dijo que el Senado no tiene facultades para legislar en materia de víctimas y por ello el coordinador de los senadores del PAN, José González Morfín, presentó una iniciativa para reformar la Constitución, que se aprobó pero quedó pendiente en la Cámara de Diputados.

Por su parte, la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro consideró que Calderón podrá integrar, mediante una iniciativa, las observaciones a la ley, por lo que no existe inconveniente en que ésta sea publicada de inmediato en el Diario Oficial de la Federación, y así se promulgue a la brevedad.

Francisco Rojas, coordinador de los priístas en la Cámara de Diputados, indicó que el mandatario tiene la opción de, incluso, presentar una controversia constitucional, porque la ley aprobada contempla un periodo de gracia, de hasta 180 días, para entrar en vigor. La Ley General de Protección a Víctimas del Delito es perfectible, y no hay ningún problema para que, a la brevedad, se publique como lo mandató el Congreso.

Consideró que las observaciones del Ejecutivo federal pueden integrarse mediante una iniciativa, porque evidentemente el gobierno de la República tiene la opción de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el mismo sentido, su correligionario Humberto Benítez Treviño expuso que el debate de fondo es si se respeta o no el orden constitucional, pero aclaró que no se puede esgrimir este elemento para violar la técnica legislativa.