La firma del Acuerdo Comercial Contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), llevada a cabo por el gobierno mexicano, abre la puerta legal para controlar Internet, afectando preceptos constitucionales fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, de información, a la privacidad y a la certidumbre jurídica.

Para especialistas involucrados desde distintos campos en el debate público sobre el acuerdo, el hecho es grave no sólo por sus implicaciones, sino porque el Ejecutivo lo negoció prácticamente en secrecía e ignoró el exhorto que en su momento le hizo el Senado por unanimidad para que no lo hiciera, luego de una larga consulta pública entre proveedores, usuarios, investigadores y autoridades relacionadas con el tema.

La información sobre la firma del ACTA fue dada a conocer la noche del miércoles en un comunicado del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), en el que se señala que la finalidad del acuerdo es: combatir de manera más eficiente el problema de falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones,obras intelectuales y artísticas.

La firma la llevó a cabo Claude Heller, embajador de México en Japón, cuyo gobierno es depositario del acuerdo, el cual establece un marco general internacional con el fin de detener el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales.

El gobierno mexicano aprobó el ACTA a una semana de que el Parlamento Europeo lo rechazó por mayoría, ante la presión social provocada por la manera en que afecta derechos esenciales de los usuarios de Internet.

Consultado al respecto, Alejandro Pisanty Baruch, presidente de la asociación civil Sociedad Internet de México y ex titular de la Dirección de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, deploró el hecho y se dijo decepcionado por la acción del gobierno federal, porque él, como otros especialistas preocupados por el asunto, participó como parte de la sociedad civil en una plataforma de diálogo constructivo, positivo que buscaba salidas razonables y satisfactorias para todas las partes.

Como resultado de ese diálogo, coordinado por un grupo especial del Senado, los representantes del gobierno federal –recuerda Pisanty– fueron matizando puntos conflictivos del acuerdo hasta dejarlos en una vaguedad que ahora permite restricciones con efectos congeladores en los usuarios, una especie de engarróteseme ahí ante el temor de incurrir en un delito y convertirse en potenciales criminales.

Antes de entrar en vigor, el acuerdo tiene que ser ratificado por el Senado. Sin embargo, será en próxima legislatura.

Al respecto, el senador saliente Javier Castellón Fonseca, miembro del grupo especial de trabajo designado por el Senado para analizar el acuerdo, dijo que la rúbrica es motivo de sospecha: lo firman cuando los senadores que lo rechazaron ya no tienen tiempo de analizarlo, previendo que sea aprobado sin objeciones por la próxima legislatura.

Igual que Pisanty, el senador consultado expresa su preocupación porque, en los términos que se conocen, el ACTA amenaza la privacidad de los usuarios y abre la posibilidad que bajo la sola sospecha de que alguien está descargando material ilegalmente pueda ser investigado y sus cuentas en Internet –de correo electrónico o de redes sociales– intervenidas.

Por su parte, en una charla por twitcam (videoconferencia por internet) con internautas, León Felipe Sánchez, abogado especializado en derechos de autor y nuevas tecnologías, también participante en las mesas de diálogo organizadas el año pasado por el Senado, expresó las mismas preocupaciones que Pisanty y Castellón, y ante la falta de respeto del Ejecutivo a las audiencias públicas organizadas por el Senado, señaló que merece varias mentadas de madre, por decir lo menos. Calificó la acción de autoritaria y unilateral, aunque se mostró más optimista sobre la posición que tomarán sobre el tema los senadores que entran en funciones a partir del próximo primero de septiembre.

Los tres especialistas consultados coincidieron al atribuir a la firma de ACTA por parte de Calderón, un propósito político, después de observar el papel protagónico que Internet y en particular las redes sociales jugaron en el proceso electoral por la Presidencia de la República.

El senador Fonseca fue más allá y comparó la firma de ACTA con el veto presidencial a la Ley de Federal de Víctimas: son cartas políticas para negociar con el próximo gobierno.

La semana pasada, el parlamento de la Unión Europea rechazó el acuerdo. Hasta el momento lo han aceptado los gobiernos de Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos y México. En todos los casos, es necesario que sea aprobado por los respectivos parlamentos.