Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) advirtieron que los partidos integrantes de la coalición Movimiento Progresista deben probar sus dichos acerca de la presunta compra de 5 millones de votos.

Si bien coincidieron en que los partidos tienen todo el derecho de impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), subrayaron que el IFE no ha incurrido en actos fuera de la ley ni ha sido omiso.

Los consejeros señalaron, en entrevistas por separado, que existe una política de desinformar, de falsear datos, de mentir, especialmente en las redes sociales, acerca del desarrollo del proceso electoral y de las propias atribuciones del IFE.

Para que yo pudiera juzgar una afirmación de esa naturaleza (que fueron comprados 5 millones de votos) tendría que conocer los elementos que tienen quienes esto afirman. Quien califica la validez del proceso electoral no es el IFE, sino el TEPJF, subrayó Alfredo Figueroa.

Marco Antonio Baños sostuvo que el trabajo del instituto fue impecable, especialmente en el recuento de votos.

Precisó que “todos aquellos paquetes electorales que fueron solicitados para ser abiertos por la coalición Movimiento Progresista y los demás partidos fueron atendidos sin excepción.

Creo que la vía correcta es el tribunal. Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido que el jueves tomará una postura definitiva frente a la elección y, entonces, sería recomendable hacerlo de esa manera, ejerciendo su derecho frente a los tribunales, y no manteniendo un clima de zozobra en el país.

Sergio García Ramírez resaltó que más de 50 millones de ciudadanos acudieron a las urnas en paz y hasta con devoción.

“Si alguien dice que hay votos comprados, bueno, yo no sé cuáles sean esos votos, dónde los compró. Y no me atrevo a decirles a mis conciudadanos, ni a un millón, ni a cinco, ni a 14 ni a 20 millones, que sus votos no son buenos porque fueron comprados. Es decir, que ellos vendieron su conciencia, su voluntad.

¿Hay 5 millones, 20 millones de vendedores de su conciencia? Yo no me atrevo a decir eso, pero tampoco me atrevo a confrontar a otro ciudadano sus puntos de vista; que los haga valer (en el tribunal).

Alfredo Figueroa coincidió en que es derecho de López Obrador y de cualquier otro contendiente impugnar, así que bienvenida su determinación, y será justamente en el ámbito del tribunal electoral donde se resuelva aquello que, en su opinión, le cause agravio.