La probable compra de votos por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección presidencial constituiría un caso de uso irregular de fondos más grave que el Pemexgate, en 2000, cuando el sindicato de Petróleos Mexicanos transfirió mil millones de pesos a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, evaluó el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo (PT).

El legislador, quien era consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) en el año del Pemexgate, dijo que ahora los casos de Monex y Soriana son gravísimos porque, al parecer, involucran recursos de gobiernos estatales y municipales para comprar las tarjetas, y de origen ilícito, del crimen organizado.

En entrevista, informó que el Movimiento Progresista solicitará al IFE todos los elementos que turnó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para incluirlos en la impugnación del proceso comicial, y planteó que si el Partido Acción Nacional no quiere acompañar la solicitud, al menos puedan aportar los elementos que ese organismo político tiene sobre la probable doble contabilidad del PRI.

Una vez concluido el cómputo distrital, el Movimiento Progresista se prepara –con un grupo de abogados– a impugnar los 300 distritos electorales.

Entre el equipo de juristas se encuentran el propio Cárdenas, Jesús González Schmal, Ricardo Monreal, así como litigantes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, quienes desde ayer integran los recursos que serán interpuestos –a más tardar el próximo jueves– por desigualdad en la contienda presidencial y rebase del tope de gastos de campaña por la distribución de tarjetas de Monex y Soriana.

La decisión de impugnar cada uno de los distritos se dio a conocer a unas horas de que Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición, anuncie la mañana de hoy su postura firme sobre el proceso electoral, y de que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero Muñoz, presente al Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul la solicitud de su homólogo del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, de aportar la información de que dispongan para exigir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigue los presuntos movimientos financieros entre Monex y el tricolor.

Luego de que este diario publicó ayer que a la Fepade le llevará al menos tres meses resolver los expedientes sobre el eventual uso de Monex y Soriana para la coacción del voto, Cárdenas Gracia planteó: Seguramente se va a tardar más, pero ayudaría mucho que antes de la calificación de la elección consignara por la probable comisión de compra y coacción del sufragio.

Sin embargo, explicó que la persecución de los delitos electorales por parte de la fiscalía, y la solicitud del Movimiento Progresista que se presentará al IFE, para que éste a su vez la turne al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), son procedimientos autónomos. Lo que ocurra en el ámbito penal no está vinculado con ilícitos electorales administrativos, indicó el legislador.

Cárdenas Gracia amplió que si bien el IFE no quiso entrar al fondo de las quejas que por separado presentaron el Movimiento Progresista y el PAN sobre las tarjetas de débito en las que el PRI habría depositado fondos para sus representantes electorales, y el uso de los monederos de la tienda Soriana, el TEPJF tendrá que resolver la petición de nulidad a partir de las constancias que debe solicitarle a los consejeros.