El convenio marco de interconexión (CMI) y el acuerdo de convergencia representan una doble regulación que pretende imponer el gobierno federal a Teléfonos de México (Telmex) en beneficio de los concesionarios de radio y televisión restringidos, advirtió el director de la consultoría Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete.

Dijo que el convenio que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) quiere imponer como nueva condición que debe cumplir Telmex para lograr el cambio de título de concesión no genera certidumbre en la industria de las telecomunicaciones nacionales, y se perjudica a la empresa de Carlos Slim, que en los últimos años ha perdido 4 millones de líneas.

Negrete señaló que Mediatelecom Policy & Law envió una larga lista de observaciones a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) sobre el anteproyecto de CMI que tiene en consulta pública, entre las que destacan señalamientos como que el acuerdo de convergencia, del que se deriva el CMI, pretende colocarse por encima de la Ley Federal de Telecomunicaciones y regular la convergencia de servicios.

Hay dos premisas más, explicó el especialista. Consisten en que el acuerdo de convergencia creado en 2006 no ha fomentado esa actividad, sino un régimen de excepción y transferencia de riqueza, porque desde esa fecha los operadores de televisión y audio restringidos pudieron también ofrecer servicios de telefonía local e Internet, mientras a Telmex le impuso las condiciones de garantizar la interconexión a todos los operadores, la interoperabilidad de redes y la portabilidad numérica para el cambio de título de concesión y poder entrar al negocio del triple play, como los cableros.

Detalló que la principal intención de una regulación aprobada por el Estado debe ser beneficiar a los usuarios, pero con la aplicación del acuerdo de convergencia que tiene que acatar Telmex, así como el CMI, no habrá beneficios y el efecto será contrario, ya que se elevarán los costos de Telmex para operadores y al final para los clientes de todos.

Edificio sede de Telmex, en Parque ViaFoto Carlos Cisneros

A esto, dijo, se le debe considerar una sobrerregulación. Se pretende imponer estas dos herramientas sobre la LFT, que ya tiene las disposiciones necesarias para garantizar la interconexión y sus tarifas.

Telmex no ha conseguido el cambio de título porque, dijo, además de que el gobierno no le reconoce el cumplimiento de las tres condiciones básicas, tardó seis años en elaborar el anteproyecto de CMI que también debe acatar, y en ese lapso ha perdido 4 millones de líneas.

En cambio, el acuerdo de convergencia ha contribuido a transferir riqueza hacia el mercado de los operadores que sí han podido desde 2006 ofrecer servicios convergentes de voz, datos y video, y que entre otros efectos ha generado también discriminación, porque la mayoría de la población no puede pagar por servicios convergentes.

Jorge Fernando Negrete aseveró que el anteproyecto del CMI modifica y altera la definición de interconexión al incorporar disposiciones extralegales con implicaciones regulatorias que fueron tomadas del impugnado plan técnico fundamental de interconexión.

Destacó que el acuerdo de convergencia y el CMI es una doble regulación asimétrica, porque desde su privatización el 10 de agosto de 1990 Telmex ya tenía regulación asimétrica en su título de concesión, por el que está obligada a interconectar a otras redes de forma no discriminatoria. El título de concesión, al igual que el CMI, habla de arquitectura abierta de red, calidad de servicio, competencia equitativa y sanciones, entre otros elementos, por lo que el gobierno federal sólo tendría que revisar el cumplimiento del título para autorizar a Telmex entrar al negocio de la televisión restringida.