Monterrey NL, 4 de julio. Ante la posibilidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) no ejerza acción penal en el caso de Gustavo Acosta Luján, acribillado en septiembre de 2011 por elementos de la Marina que lo confundieron con el narcotraficante identificado como Samuel Flores Borrego, M3, familiares de la víctima y de personas desaparecidas, con apoyo de organizaciones civiles, presentaron un recurso de inconformidad.

Con un plantón frente a la delegación de la dependencia federal, repudiaron el proyecto de resolución del agente del Ministerio Público (MP) número 2, Édgar Rodríguez Díaz, especializado en delitos contra servidores públicos, que pretende no consignar a los militares con el argumento de que no hay elementos suficientes.

Miembros de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac); los padres de la víctima, Gustavo Acosta Ríos y María Guadalupe Luján Reyes, y su hermano, Eliot Daniel Acosta Luján, explicaron que el MP incluyó en el expediente AP/PGR/NL/ESC-II/2766/D/2011 un proyecto de inacción penal contra los elementos de la Armada de México, el cual deberá ser ratificado por el subdelegado de Averiguaciones Previas, Juan Manuel Bautista.

La agrupación civil y los parientes de Gustavo Acosta dijeron estar preparados para llevar su caso a instancias nacionales e internacionales. No permitiremos que la muerte de Gustavo quede impune y seguiremos trabajando hasta limpiar su nombre y llevar a sus asesinos ante la justicia, advirtieron.

El primero de septiembre de 2011 la Marina realizó un operativo en la colonia Jardines de San Andrés, en el municipio de Apodaca, en busca de un líder del cártel del Golfo identificado como M3. Los uniformados confundieron a Gustavo Acosta Luján con el presunto criminal y le dieron muerte; cuatro miembros de la familia del hombre de 30 años sobrevivieron: una niña, dos personas de la tercera edad y dos jóvenes, uno de 19 años y otro de 21.

La Secretaría de Marina informó en un comunicado que, tras recibir una denuncia anónima sobre la presencia de integrantes del crimen organizado, acudieron al fraccionamiento en Apodaca, y cuando instalaban un cerco de seguridad fueron atacados a balazos desde un inmueble.

El texto agrega que al repeler la agresión falleció “un presunto delincuente identificado como Gustavo Acosta Luján, M-3” y en el inmueble decomisaron una subametralladora calibre nueve milímetros, un rifle AR-15 y varias dosis de cocaína. En ese lugar, detalla el documento, había cinco familiares del occiso, entre ellos una menor, quienes recibieron atención médica por presentar crisis nerviosas.

Al día siguiente, el gobierno de Tamaulipas informó que Samuel Flores Borrego, de 39 años, El M3, líder del cártel del Golfo, pereció en una balacera en la ciudad de Reynosa y cuyo cuerpo fue encontrado junto al de Eloy Lerma, policía municipal de Díaz Ordaz. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por la captura de este sujeto.

La versión de los agredidos

El primero de septiembre Gustavo Acosta y sus familiares dormían cuando a su domicilio, marcado con el número 118 de la calle Margarita, llegaron los marinos y dispararon contra su casa.

Gustavo, quien trabajó en un bar de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y había regresado a Nuevo León dos meses antes de ser ultimado, pidió a los militares que se calmaran porque había niños en la vivienda; cuando les abrió la puerta le dispararon a quemarropa dos balazos, uno en la cabeza.

Aunque el MP señala que se acreditan los elementos de los tipos penales de lesiones, homicidio y abuso de autoridad, concluye que no ha lugar ejercer acción penal porque los marinos tienen una excluyente de responsabilidad al actuar en legítima defensa y en el cumplimiento de un deber, sostuvo el Cadhac al detallar el proyecto de resolución.

Se trató de una ejecución extrajudicial a manos de las fuerzas armadas mexicanas. El Estado mexicano tiene la obligación legal y moral de sancionar este tipo de ilícitos, aseveró Consuelo Morales, integrante de Cadhac.