a Suprema Corte de Estados Unidos tomó dos controvertidas decisiones la semana pasada, cuya trascendencia seguramente impactará las elecciones del próximo noviembre en ese país. La primera fue avalar la más contenciosa previsión de la norma conocida como ley Arizona, cuya intención es considerar criminal a cualquier indocumentado o a quien lo parezca. La segunda, avalar la reforma al sistema de salud del presidente Obama.

En el primer caso, no obstante que se anularon algunas disposiciones de la ley, como penalizar a quienes siendo indocumentados busquen trabajo o que trabajen, se terminó avalando el capítulo más contencioso, el que se refiere al derecho de las autoridades policiacas a detener a toda persona que por su aspecto sea sospechosa de no tener papeles. Se abre así la posibilidad de discriminar a las personas con base en su color, en un claro mensaje de la preminencia de la raza como elemento distintivo entre lo legal y lo ilegal. Para decirlo en términos llanos: auspicia el profundo significado racista de dicha ley y abre la posibilidad de que las autoridades policiacas cometan todo tipo de atropellos contra documentados o indocumentados.

Para muestra, hay que consultar la prensa sobre las atrocidades cometidas hacia los hispanoamericanos por el sheriff Arpaio y sus huestes en el condado de Maricopa, en Arizona.

La segunda decisión de la Corte fue avalar la reforma de salud impulsada por el Presidente Obama. En esencia, la modificación obliga a todos los ciudadanos a adquirir un seguro médico; a los estados a contribuir, junto con la Federación, al pago del seguro conocido como Medicaid, que es el responsable de proveer de servicios del ramo a los más pobres, y a las compañías aseguradoras a no discriminar a ninguna persona por padecer alguna enfermedad crónica o incurable, ni aumentar las cuotas por esta circunstancia. Entre los efectos inmediatos de la ley es que más de 30 millones que carecían de servicios médicos ahora los recibirán. Una de las metas de la reforma es que, en la medida que todos los ciudadanos se vean obligados a tener un seguro, la carga fiscal del sistema de salud se distribuirá en forma más equitativa.

No pasó mucho tiempo para que los gobernadores de los estados que habían impugnado la ley criticaran la decisión, y junto con los congresistas republicanos prometieran revertirla. Son los mismos que aplaudieron a la Corte cuando decidió que no habría límite para que las corporaciones aportaran fondos a las campañas políticas, distorsionando el proceso democrático y dando paso a lo que literalmente es la compra de puestos de elección popular, entre ellos la presidencia. Mitt Romney, el candidato republicano, prometió anular la reforma de llegar a la presidencia.

Por lo pronto, los mexicanos hemos votado con la esperanza de un cambio verdadero que beneficie a todos en nuestro país.