oy, primero de julio, vamos a votar. El candidato del PRI ha sido severamente criticado, entre otros, por el movimiento estudiantil, por los crímenes en masa cometidos en Atenco, estado de México, cuando él era gobernador de esa entidad.
El mencionado candidato anunció que traería como asesor para combatir la delincuencia al general colombiano Óscar Naranjo. Quiero transmitir partes de la carta a El Correo Ilustrado del lunes 18 de junio pasado. Está firmada por representantes de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, abogados de Brasil, Cuba, Francia, Argentina y México.
El desempeño del gobierno de Colombia, y de Óscar Naranjo en particular, frente a las luchas sociales, ha sido analizado por el Tribunal Mundial de Libertad Sindical los días 22, 23, 24 y 25 de mayo de este año, el cual constató que el principal instrumento de respuesta del gobierno en los pasados 30 años contra las luchas sociales es y ha sido el uso ilegal de las fuerzas paramilitares y la represión.
La composición de los sindicatos pasó, de 1980 a 2010, de 14 a 4 por ciento de la población económicamente activa
. En ese tiempo fueron asesinados 2 mil 900 líderes sindicales
.
El brutal retraso de la democratización de la sociedad, la falta del cumplimiento de los derechos humanos y la débil legalidad se Colombia se deben en buena medida a los paramilitares, a su fomento por el gobierno y al uso por la iniciativa privada del modelo ilegal que criminaliza la protesta social y usa correctivos fuera de la ley, como los paramilitares.
El número de asesinatos en general ha sido tremendo. Y, claro, era fácil acusar a las víctimas de delincuentes o de terroristas. Y no han sido sólo sindicalistas las víctimas.
Peña quiere tener de asesor a ese general colombiano. Se quedan cortos los crímenes de Atenco y demás.
Ahora, en varios países de América del Sur se vuelve a traer a la justicia a los criminales que quedan de las dictaduras. Pero en Colombia ese ambiente de dictadura no ha terminado. Cuando Naranjo era asesino activo, no se diga. Y el candidato priísta quiere traer a México ese ambiente.
Ya hay un adelanto de la violencia que se quiere importar de Colombia. Han sido señalados actos y amenazas de violencia de bandas priístas, incluso de muerte, a opositores en las elecciones. Se han hecho públicas actitudes como estas, llegando al homicidio en varios estados. Enumeramos algunas agresiones de grupos de priístas de días recientes:
Ataques contra grupos de Morena en Ecatepec y Aragón, 24 de junio. Ataque en pleno centro de la ciudad de Actopan contra una caravana cultural e informativa, 26 de junio. En esta misma fecha, amenazas de muerte contra estudiantes a través de Facebook. En Guadalajara, dos golpeados el 28 de junio. Estos estudiantes denunciaron 16 casos similares.
Más en general, el ambiente que precede a los comicios aquí no es nada normal. Hay toda una discusión sobre los fraudes electorales. El pasado jueves 21 los consejeros tuvieron que recular y aprobar un Acuerdo por el que se establecen medidas específicas para contribuir a evitar la compra, coacción e inducción del voto, así como acciones que generen presión sobre el electorado durante el proceso federal 2011-2012
. Un insuficiente primer paso, pero se ve el crecimiento de la oleada contra el fraude.
El artículo 403 del Código Penal Federal señala que los operadores políticos pueden ir a la cárcel por recoger credenciales para votar sin causa prevista por la ley
, solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa
o violar, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto
.
De modo que el proceso electoral ha sido muy especial. Por un lado, la candidatura del PRI con el objetivo de convertir este país en uno de represión, con la experiencia de los miles de asesinatos en Colombia, y el uso actual de la violencia. Por otro lado, una verdadera multitud peleando no sólo por un voto bien aplicado, sino contra el fraude electoral.
