éxico ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1994, al final del periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Desde ese momento ha mantenido una interlocución estrecha con la OCDE, ha hecho pactos, solicitado estudios y los ha pagado, ha cumplido con sus cuotas por ser socio (por su contribución, ocupa el noveno lugar), ha recibido recomendaciones y directrices, y las ha traducido en políticas educativas conforme ha propuesto el organismo. La línea ha sido la misma en tres sexenios. Ni el cambio de presidentes, ni el de partido en el poder, ni la presencia de siete secretarios de Educación la han desviado. Los pactos son transexenales.

Pero, ¿qué es la OCDE?

Su antecendente es la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE). Es un organismo que surge para aplicar el Plan Marshall que Estados Unidos diseñó para la recuperación económica de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de contrarrestar los impactos en su propia economía y evitar el avance del comunismo, en el contexto de la guerra fría. Recordemos que se conocía como el Club de los ricos. Posteriormente cambió su nombre a OCDE, y a partir del ingreso de México se estimuló la participación de otros países con menor desarrollo. Sus metas y su orientación son eminentemente económicos.

La pertenencia a la OCDE obliga a cumplir pactos con la misma. Los compromisos se signan en acuerdos. Los acuerdos se hacen en todos los aspectos del desarrollo del país, tanto económicos como de desarrollo social.

La educación es un rubro que interesa a la OCDE, pues cifran en ella el desarrollo de un país. De esta suerte, México, por conducto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció con la organización, en 2008, el Acuerdo para Mejorar la Calidad de la Educación de las Escuelas en México.

Su propósito fue “determinar no sólo qué cambios de política había que hacer en México, sino también cómo debían diseñarse e implementarse eficazmente las reformas de la política educativa…” Uno de los componentes de este acuerdo implicó el desarrollo de políticas y prácticas adecuadas para evaluar la calidad de las escuelas y los maestros, y para vincular los resultados con los incentivos con la finalidad de generar procesos efectivos de mejora (OCDE, 2010).

Para lograr esa meta, el organismo internacional desarrolló varios estudios de los que derivaron recomendaciones, cuyo propósito fue proporcionar lineamientos a la SEP, y a los actores implicados en México, para una continua movilización del conocimiento local, con la finalidad de informar los procesos de la reforma educativa.

Además, la SEP solicitó el apoyo de la OCDE para determinar la mejor manera de recompensar a los docentes conforme a su desempeño, por ello, el consejo asesor se concentró, en primer lugar, en los incentivos docentes, debido a que para la SEP esta era una de sus mayores prioridades.

Resultado de esas solicitudes son varios documentos, especialmente dos, en los que se dan las recomendaciones que México debe seguir: mejorar las escuelas; estrategias para la acción en México y establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos para docentes: consideraciones para México (OCDE, 2010).

En ellos se identifica a la educación como la base para un futuro exitoso de nuestras sociedades, y a los docentes como la base del éxito del sistema educativo de una nación, éxito medido por los resultados del aprendizaje de los alumnos. A partir de esta directriz, elabora 15 recomendaciones para mejorar el desempeño de los estudiantes, de las cuales ocho son acciones dirigidas a los profesores: en relación con formación inicial y en ejercicio de los docentes, la evaluación, la remuneración, la selección, la contratación y la permanencia, siempre desde una perspectiva de eficacia. También recomiendan que se incremente la autonomía escolar, entendida como que los líderes, entendamos los directores, participen en las decisiones clave que ocurren en su escuela, como contratar o despedir docentes. ¿Estarán proponiendo eliminar el contrato colectivo?

Insisten en que con el fin de lograr la transmisión desde la OCDE hacia México es necesario que un grupo nacional de actores reflexione, se apropie y las adapte, y dice que además, estas recomendaciones concuerdan con las metas establecidas en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y la Alianza por la Calidad de la Educación.

Es decir, la política educativa no es obra de la secretaría ni del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); la OCDE la transmite y aquéllos se la apropian y la adaptan. No se discute. No se invita a la sociedad, a los profesores ni a los estudiantes a un debate. Se aplica.

La dependencia federal, el SNTE y el gobierno mexicano han depuesto su papel de interlocutores en favor de un organismo ajeno a la sociedad mexicana, preocupado por la economía, no por las personas, no por la educación, no por la felicidad de los niños.

Los profesores se han resistido a esas imposiciones. Tienen propuestas, quieren discutir y ser partícipes del diseño de la política educativa. Quieren ser interlocutores legítimos; lo que exige conocer profundamente la política educativa mexicana, explicarla y discutirla con la sociedad. Para comenzar es indispensable leer detalladamente los documentos citados.