Por primera ocasión en la historia del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó que ya no recibirá más expedientes de internos en las cárceles de máxima seguridad de Villa Aldama, Veracruz, y de Nayarit, debido a que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal no ha creado suficientes espacios para la instalación de más juzgados.

Esta medida, que entrará en vigor desde este domingo, obligará a la SSP federal a enviar a los detenidos a otras prisiones o a solicitar que la Procuraduría General de la República (PGR) consigne los expedientes a juzgados de distrito con sede en otras entidades, pues los jueces que despachan en las cárceles de Villa Aldama y Nayarit están saturados, informó el CJF.

En el Diario Oficial de la Federación, la Judicatura dio a conocer el acuerdo general 20/2012 por el cual el pleno de ese órgano del Poder Judicial de la Federación, establece, en razón de causas excepcionales, la suspensión indefinida del turno de nuevos asuntos a los juzgados de distrito de procesos penales federales en Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, y de los juzgados de distrito de procesos penales federales en el estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama.

Se menciona que la gran capacidad con la que cuentan dichos centros para albergar reos procesados, misma que en el caso del Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste (Nayarit) ha sido recientemente ampliada para alojar a casi mil 800 reos más, y en virtud del retraso en la dotación de espacios adecuados y suficientes para la instalación de nuevos órganos jurisdiccionales dentro de los referidos centros, ha derivado en una situación apremiante de alta carga de trabajo en los juzgados federales de que se trata, la cual ha rebasado ampliamente la capacidad operativa de éstos, haciendo impostergable aplicar acciones urgentes, mientras otras medidas sustantivas pueden instrumentarse.

El CJF señaló que en los dos juzgados de distrito con sede en Nayarit, en cuatro meses y medio, tuvieron un ingreso de 260 asuntos (130 por órgano jurisdiccional), cuando la media nacional de ingreso para ese tipo de juzgados fue de 65, y con ello, hoy tienen una existencia de 580 procesos penales en trámite.

Por lo que respecta a Veracruz, en cuatro meses y medio, los dos juzgados tuvieron un ingreso de 336 asuntos (168 por órgano jurisdiccional), pasando de 450 asuntos a 510 expedientes en trámite.

Situación estadística que se agrava debido a que los expedientes que conocen se caracterizan por su alto grado de complejidad, al tratarse normalmente de asuntos vinculados con delitos de delincuencia organizada, con un gran número de indiciados, pluralidad de defensores, interposición de recursos y, en general, el gran número de diligencias y actuaciones que se requiera para su integración y ponerlos en estado de resolución.

Además, indicó el CJF, a esa carga de trabajo se anexa el desahogo cotidiano de infinidad de diligencias procesales relacionadas con las personas internadas en ambas prisiones federales. Durante 2011 desahogaron 13 mil 729 asuntos solicitados por juzgados o tribunales de todo el país, que consistieron en 626 prácticas de careos, 635 tomas de declaración preparatoria y resolución de situación jurídica, 10 mil 603 notificaciones, así como 140 testimoniales.

Para el Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, aunado al gran aumento de consignaciones que se pronostica se presentará en el corto plazo derivado del incremento en el cupo en los reclusorios referidos, hacen patente la urgente necesidad de crear órganos jurisdiccionales de procesos penales federales.

Advirtió que no obstante la falta de espacios para tal fin, (la situación) obliga a optar por la aplicación de una medida excepcional que logre evitar en el corto plazo la saturación progresiva y ascendente de expedientes en los juzgados de distrito mencionados, conjurando el riesgo latente de una terrible situación de rezago a cuyo eventual desahogo los órganos en funciones deban dedicar varios años de sus labores. De ahí la urgencia de impedir con alguna medida adecuada y posible, que este riesgo anunciado e inminente se torne en una penosa realidad en la cual se vean afectados los derechos de los procesados, pues sus casos podrían tardar años en resolverse.