Integrante de la comisión de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que elaborará el dictamen y calificación del cómputo y elección presidencial, Salvador Nava Gomar, sostiene: “Estamos preparados para cualquier escenario poselectoral. No percibo un conflicto, aunque sí una elección presidencial vigorosa y altamente judicializada (como ha sido el proceso).

En sí mismo el conflicto no es malo si se resuelve en la mesa de negociación diseñada por las instituciones y el derecho para resolverlo. En cualquier caso, enfatiza el magistrado, pondremos nuestra parte, que es asegurar jurídicamente lo que está previsto en el diseño normativo, para que el conflicto se encauce en el esquema institucional.

En entrevista con La Jornada, asume que en 2006 hubo una fase poselectoral de alta tensión y desgaste institucional, pero a partir de esa experiencia ahora el TEPJF se anticipa y desactiva focos internos que alentaron esa tensión. Lo anterior, a diferencia de 2006, cuando se eligió a los dos magistrados que elaboraron el dictamen de la elección después de ésta. Eso dio pauta para que en el mundo político se afirmara que sus integrantes habían sido designados como reacción al resultado.

Un tribunal debe ser previsor y en esa lógica ahora se anticipó la designación de quienes participarán en la elaboración del dictamen del cómputo de la elección y de la validez de la elección presidencial. Con la experiencia de 2006, además, se determinó que fuera una comisión de tres y no dos magistrados, porque si no están de acuerdo pueden establecer lo que se va a presentar al pleno para que se vote la calificación de la elección.

Nava explica las motivaciones del magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos, para promover a los integrantes: Flavio Galván fue propuesto por su larga experiencia en la justicia electoral (25 años); Constancio Carrasco, por su carrera judicial (ha sido juez de distrito, magistrado de circuito, secretario ejecutivo de la Judicatura y secretario de la corte), y uno de los dos magistrados con formación fundamentalmente académica (el propio Nava).

Otro factor adicional fue hacer explícito que sólo habrá un dictamen, subraya el magistrado, quien recuerda: En 2006 se dijo que había dos y hubo una especulación enorme. No sé si fue cierto o no, eso no me interesa porque lo que importó es que hubo una verdad histórica: fue por unanimidad la aprobación de la validez de la elección.

–¿Fue ese otro de los puntos que generaron tensiones?

–Sin duda. No voy a hablar de errores: hubo tensiones y presiones brutales; queremos que las tensiones sean menores. Para evitar esa erosión institucional o meter un elemento que pueda contaminar lo que no debe de contaminarse, sólo va a haber una comisión, que se sepa quiénes vamos a estar ahí; sólo un dictamen y nadie más va a intervenir.

Designaremos pocos secretarios de estudio y cuenta, los imprescindibles. Trabajarán en un lugar cerrado para proteger lo que estamos haciendo y evitar especulaciones recurrentes, inevitables en la política. A partir de la experiencia de 2006, (buscarán) explotar las bondades de la reforma electoral.

–En esa reforma se introdujo un elemento nuevo: la nulidad de la elección presidencial. ¿En qué escenario podría aplicarse?

–Tenemos un andamiaje institucional y normativo muy sólido. Diría que es muy complicado ese escenario. De entrada, lo primero que tutelan las instituciones es el voto, el bien jurídico primordial a tutelar. Tenemos un sistema de nulidad escalonado desde la casilla, el distrito y la elección general. Las causales de nulidad de casilla son que no se permita votar en libertad, que no se instalen las casillas, que cambien de domicilio, o que haya violencia que trate de incidir en la voluntad de los votantes.

Luego lo extrapolamos al distrito y, si abarca 25 por ciento de las casillas, se anula el distrito. Si esto se da en 25 por ciento de los distritos (75) se anula la elección. Es muy complejo proceder a la nulidad, se tienen que reunir varios elementos que demuestren que se ha alterado la voluntad de los electores.

Enfatiza que el TEPJF está listo para un desenlace acorde con la dinámica reciente de alto conflicto jurisdiccional (70 mil casos resueltos en 5 años), pero también con un alto respeto a las resoluciones, lo que da cuenta de que el derecho es la vía para pacificar los conflictos.

Ejemplifica: “Luis López, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decía que en la mayoría de los conflictos jurisdiccionales siempre hay una parte que obra de mala fe –en asuntos laborales, penales–; el problema es que en materia política los dos obran de mala fe, vienen por lo suyo. Siempre habrá alguien que se inconforme.”