Antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comience su periodo de receso, el próximo 15 de julio, es urgente que resuelva los dos amparos interpuestos por el indígena mazahua Hugo Sánchez Ramírez, quien lleva más de cinco años en prisión acusado falsamente de secuestro y portación de armas, en un caso emblemático de fabricación de culpables.

Así lo afirmó Simón Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien señaló que la eventual liberación de Sánchez podría incluso influir en otros casos similares, donde también se produjeron encarcelamientos y sentencias con base en detenciones arbitrarias y acusaciones sin fundamento.

La petición de libertad –apoyada por seis organismos internacionales de defensa de las garantías individuales, entre ellas la Organización Mundial contra la Tortura y el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy– debe resolverse ya por el máximo tribunal del país, dadas las irregularidades del proceso judicial, y para evitar que el asunto se postergue hasta agosto.

Los amparos ya tienen meses ante la Suprema Corte, que atrajo el caso en octubre de 2011, y aunque sabemos que tienen sus propios tiempos, pedimos a los magistrados Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo que los resuelvan a la brevedad, porque Hugo está encarcelado injustamente desde 2007, enfatizó.

Hernández recordó que el indígena fue sentenciado por secuestro y portación de armas, a pesar de que hubo contradicciones entre los agentes que lo detuvieron con respecto a quién aupuestamente lo vio y cuáles armas se pusieron a disposición del Ministerio Público, y se comprobó que el día del plagio por el cual acusan a Sánchez éste se encontraba atendiendo a su abuela, quien estaba gravemente enferma.

“Arrestar a la gente por tener una ‘actitud sospechosa’, y no tener cadenas de custodia eficientes, genera manipulación sobre las evidencias de un delito. Además, se producen pruebas de manera ilegal, sin ningún control de los jueces, e induciendo a las víctimas a señalar a una persona como responsable del delito, aunque hayan dicho antes que no lo podían identificar, lo que termina criminalizando a los sectores sociales más vulnerables”, lamentó.

A pesar del escaso tiempo que falta para el inicio de receso de la SCJN, tenemos confianza en que los jueces resuelvan ya y que se pronuncien de manera exhaustiva sobre el tema, lo cual ayudaría a otros presos en las mismas circunstancias a obtener también su libertad, indicó Hernández.