Se integran expedientes de casos relevantes, afirma Calvillo Tello
En caso necesario, se desplazarán equipos especiales por vía aérea
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está lista para enfrentar la jornada electoral, afirmó Imelda Calvillo Tello, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en entrevista con este diarioFoto María Luisa Severiano
Jueves 28 de junio de 2012, p. 11
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) puso en marcha un operativo que incluye la participación de todos los agentes del Ministerio Público (MP) del país para recibir denuncias de ilícitos en la materia y, en caso de ser necesario, se desplazarán vía aérea equipos periciales, policiales y ministeriales desde la ciudad de México para atender contingencias que afecten la elección en cualquier parte de la República, reveló la fiscal Imelda Calvillo Tello.
En entrevista exclusiva con La Jornada, la funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que la Fepade trabaja en la integración de averiguaciones previas consideradas relevantes o prioritarias
, relacionadas con denuncias presentadas por presuntos actos de compra y coacción del voto, así como por la utilización o el condicionamiento de programas sociales en beneficio de algún partido o candidato.
–¿Cómo se preparó la Fepade para este proceso electoral?
–La fiscalía está lista para enfrentar la jornada electoral. Hemos sumado esfuerzos con todas las subprocuradurías de la PGR y con las procuradurías estatales; así, contaremos con miles de agentes del MP trabajando. Además, se han abierto 141 líneas telefónicas para recabar denuncias y se han instalado 166 células móviles.
–¿Cuáles son los delitos que más se denuncian ante la Fepade?
–Recoger credenciales para votar, solicitar sufragios a cambio de dinero, alteración de documentos del Registro Federal de Electores, comprometer el voto o funcionarios que obligan a sus subordinados a sufragar en favor de un partido o un candidato, condicionar algún servicio público o programa y destinar de manera ilegal fondos, bienes o servicios en apoyo a un instituto político o abanderado.
La mayoría de quejas han sido presentadas en el Distrito Federal, Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Chiapas, estado de México, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán y Sonora. Las entidades donde menos se han recibido son: Yucatán, Tlaxcala, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Morelos y Quintana Roo.
–¿Cuántas averiguaciones previas ha iniciado la fiscalía y qué resultados ha obtenido?
–Desde el inicio del proceso y hasta el 23 de junio se han abierto 542 averiguaciones previas y 956 actas circunstanciadas; se ha puesto a disposición de jueces federales a 322 personas por diversos delitos electorales y hace unos días se detuvo en flagrancia a nueve que recogían credenciales de elector.
La fiscalía tiene límites
–¿Qué pasa con las denuncias presentadas por PRD, PRI y PAN por presunta compra y coacción del voto?
–Trabajamos en la integración de las averiguaciones previas y se tuvo que adelantar el despliegue de funcionarios de la Fepade a todo el país para realizar diligencias, agilizar la indagatoria y que se resuelvan de manera oportuna esos asuntos. Desde el 30 de marzo pasado hacemos una división de asuntos relevantes y relacionados con candidatos para identificar los temas de atención prioritaria.
–¿Entre los prioritarios estaría esclarecer las denuncias que señalan el uso de 56 millones de dólares por el PRI en su campaña presidencial o algún financiamiento ilegal en otros partidos?
–Para la fiscalía es prioritaria la integración de expedientes y agilizar su conclusión, pero no todo depende de nuestro trabajo.
–¿Es necesaria una reforma legal que otorgue más atribuciones a la Fepade?
–La fiscalía tiene limitantes, pero no porque no esté haciendo lo que le corresponde. Atendemos todas las denuncias, pero muchos casos no pueden concretarse en conducta delictiva. Desafortunadamente, la ciudadanía y los partidos cuestionan por qué no se resuelven tales o cuales conductas, “pero muchas no son del ámbito penal: son violaciones administrativas, no son competencia de la fiscalía y así no se puede llegar a tribunales.
Existen casos en los que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé alguna conducta y la sanción administrativa, pero no el Código Penal, y otras ni siquiera están en los dos instrumentos.