Al investigar posibles movimientos irregulares de recursos del PRI en el Grupo Financiero Monex, la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) confirmó una triangulación en la que una persona moral de carácter mercantil financió 9 mil 924 monederos electrónicos, con valor total de 70 millones 815 mil 534 pesos, destinados a pagar a la estructura del PRI en las casillas.

Las diligencias continúan a la persona moral de carácter mercantil que contrató con Monex, a la que se solicitará el monto de los beneficiarios, sostuvo el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias. Estos son los primeros resultados en sólo dos días de una investigación en la que participó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En una reunión de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE para analizar la solicitud del PAN –que solicitó congelar las cuentas que presuntamente el PRI tenía en Monex para compra y coacción del voto–, se rechazó la petición panista, pero fue el detonante para detectar la participación de una empresa, cuyo nombre quedó bajo reserva, porque se abrió una investigación.

Se confirma la contratación de 9 mil 924 monederos electrónicos

El IFE confirmó que las dos tarjetas que presentó el PAN como pruebas –detectadas en Guanajuato– en realidad formaban parte de los 9 mil 924 monederos de una cuenta de la empresa implicada.

Se conoció que una vez presentada la queja del PAN, la madrugada del martes, la Unidad de Fiscalización se abocó a las investigaciones con el Grupo Monex y la CNBV, de las que se desprendió la detección de la empresa que estaría fondeando al PRI.

Existen muchos elementos que permiten suponer que la contratación está dada para personas que van a fungir como representantes del partido político. Esas personas están registradas en el IFE para ser representantes de casilla, pertenecientes al PRI, dijo el consejero Alfredo Figueroa, quien sostuvo que no se encontraron elementos, ni siquiera de carácter indiciario, para suponer que ese dinero se destinaría a la compra y coacción del voto.

Sin embargo, agregó, respecto de si los recursos con los que se paga a estas personas tienen carácter lícito o ilícito, es una investigación que queda abierta desde el punto de vista de la fiscalización.

La víspera, el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, descalificó la denuncia panista sobre la presunta orquestación de un operativo para compra y coacción del voto, y calificó la queja de petardo sin base, absolutamente inverosímil.

En efecto, no había cuentas del PRI, pero mediante las pesquisas realizadas por la Unidad de Fiscalización se confirmó que una empresa estaría financiando a la estructura del PRI.

El artículo 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), acerca del financiamiento, prohíbe expresamente a los partidos recibir recursos de empresas mercantiles. Los 70.8 millones de pesos representarían menos de 15 por ciento de lo que el PRI recibió del IFE como prerrogativas para gastos de campaña y equivaldrían a más de 20 por ciento de los 336 millones de pesos fijados como tope para la campaña presidencial.

Roberto Gil Zuarth, coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la Presidencia, muestra una de las tarjetas de débito con las que presuntamente el PRI incurriría en coacción y compra de votos, por lo cual presentó una denunciaFoto Notimex

Pedirán datos a la CNBV y al SAT

Nacif adelantó que se solicitará información a la CNBV y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre las personas moral y físicas relacionadas con la empresa implicada, para que expliquen la contratación de tarjetas en el periodo abril-octubre. Asimismo, de acuerdo con la solicitud del PAN, la Unidad de Fiscalización dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

El consejero mencionó que en la indagatoria para verificar el origen de esos recursos también se deberá atender un posible rebase de topes de campaña que tenga que ver con esos recursos.

Cuentas claras, exige el PRD

La resolución de la Comisión de Quejas se refirió sólo al recurso presentado por el PAN; no se vinculó a la queja que presentó el Movimiento Progresista, cuyo representante, el perredista Camerino Márquez, remitió un oficio al responsable de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, apremiándolo a informar sobre las indagatorias a Monex.

Es de señalar que se siguen generando nuevos elementos de los hechos denunciados (que involucran los 56 millones de dólares presuntamente de contratos incumplidos con un empresario en Estados Unidos), relacionados con el encubrimiento de obtención y manejo de financiamiento paralelo en la campaña de Enrique Peña Nieto y los partidos que lo postulan; es el caso que en los últimos días se viene denunciando el manejo de tarjetas bancarias del Grupo Financiero Monex en los gastos de campaña del PRI, particularmente en el estado de México, razón por la cual resulta fundamental conocer las acciones realizadas por la Unidad de Fiscalización.

En el oficio, Márquez pide que se le notifique si existe información de cuentas bancarias, fondos o fideicomisos con el Grupo Financiero Monex y Banca Mifel, de las personas físicas Alejandro Carrillo Garza Sada, José Carrillo Chontkowsky, Alfredo Carrillo Chontkowsky, Enrique Peña Nieto, Hugo Vigues, Gisel Morán, Mario Ignacio Morán, David López Gutiérrez, Roberto Calleja, Erwin Manuel Lino Zárate, Alejandro Ramírez González y Luis Videgaray Caso, o de las empresas Jiramos SA de CV y Global Media, el gobierno del estado de México y las empresas denominadas Confederación de Porcicultores Mexicanos y Sociedad Civil Servicios Integrales al Sector Agropecuario, asociados a su queja.