El gobierno de México lamentó que la Corte Suprema Corte de Estados Unidos no haya encontrado, en principio, elementos para declarar inconstitucional la sección 2(b) de la Ley SB 1070, que faculta a las autoridades estatales en casos de detención o arresto a verificar, bajo ciertas circunstancias, la condición migratoria de las personas.

Advierte que este fallo tendrá amplias implicaciones legales y políticas, al igual que la posterior interpretación por las cortes estadunidenses de la sección que no fue bloqueada, y destaca que el gobierno de México toma nota de que la decisión de la Corte deja abierta la posibilidad de que dicha sección se impugne una vez que entre en vigor y en tanto las cortes inferiores establecen un criterio para su aplicación.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció que la Corte ha establecido que las secciones 3, 5(c) y 6 de la ley continuarán suspendidas al haber sido declaradas inconstitucionales. Esta última pretendía autorizar a las autoridades locales a arrestar sin orden judicial a cualquier persona cuando hubiera causa probable para suponer que pudiera ser removida de Estados Unidos.

Menciona que desde abril de 2010 México ha señalado con firmeza que el ordenamiento, conocido como ley Arizona, y otros similares no reconocen las numerosas contribuciones de los migrantes a sus comunidades de destino.

Por el contrario, este tipo de leyes conlleva altos costos políticos y no contribuye al entendimiento entre nuestras sociedades. La aplicación de dichas leyes estatales podría resultar en violaciones a los derechos civiles de los mexicanos que residen o visitan estados donde han entrado en vigor.

El gobierno de México sostiene, asimismo, que para impulsar el bienestar, la prosperidad y la competitividad en la región, los flujos migratorios deben ser legales, seguros, ordenados y respetuosos de los derechos humanos, y se comprometió a mantener debidamente informadas a las comunidades mexicanas sobre los alcances y efectos de la decisión adoptada por el máximo tribunal estadunidense y de las que se tomarán en las siguientes etapas de las demandas en curso.

Mientras grupos de apoyo a migrantes en Estados Unidos consideraron una victoria parcial la decisión de la Corte, Al Rojas, integrante del Frente de Mexicanos en el Exterior (FME), calificó de decepción que la Corte no haya bloqueado la disposición más controvertida de la ley, que obliga a policías a preguntar por el estatus migratorio cuando sospechen que alguien se encuentra ilegalmente en el país.

Por ahora no es una sorpresa, pero sí sabemos que va a sufrir mucha gente a causa de esta ley. Nos preocupa muchísimo, porque, obviamente, ésa es la provisión que más está afectando a nuestra comunidad y que ya está resultando en discriminación por perfil racial, apuntó.