Los alcances de la veda electoral respecto a posibles movilizaciones sociales en los tres días previos a la elección no tienen lecturas coincidentes en el Instituto Federal Electoral (IFE). El consejero presidente Leonardo Valdés sostuvo que si bien el IFE no tiene facultades para impedir que se lleven a cabo manifestaciones proselitistas, porque no contamos con fuerza pública ni ejercemos esas facultades, sí las tenemos para que, si se presenta una queja, investigar e imponer sanciones.

En cambio, la posibilidad de que se realice la Marcha Nacional por la Democracia el sábado tiene otra lectura para el consejero Alfredo Figueroa: no se suspenden las garantías individuales en el país. Todos los actos son perfectamente posibles, siempre que no sean con simpatizantes y militantes que puedan ser considerados actos de campaña. Realizar marchas está vigente, salvo que se pretenda obtener alguna ventaja electoral del acto, pues las campañas políticas se terminan el miércoles.

Figueroa dijo que la entrada en vigor de la veda de campañas no limita en lo general la libertad de expresión o de tránsito, aunque sí restringe, por ejemplo, la difusión de encuestas electorales, de propaganda y cualquier otra forma de proselitismo. La respuesta de Valdés en el Taller de actualización fue aludir a los artículos 237 y 238 respecto de la prohibición de los actos proselitistas y la disposición que existe de que el IFE deberá investigar en caso de quejas e imponer sanciones.

Según la legislación, el proselitismo debe cesar a la medianoche de este miércoles, cuando se abre un periodo de reflexión de 3 días. En este periodo queda prohibida la celebración y difusión de reuniones o actos públicos de campaña, propaganda o proselitismo por cualquier medio, impreso o electrónico.

La restricción incluye la contratación de propaganda electoral, la publicación o difusión de encuestas electorales; también impone la cancelación de toda la propaganda gubernamental, de los poderes federal, estatales y municipales, órganos de Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones, y cualquier informe de gestión de funcionarios públicos. En el caso de los medios de comunicación, las restricciones incluyen la publicación de entrevistas con candidatos, de propuestas o plataformas partidarias.

Asimismo, se obliga a los partidos políticos a retirar toda la propaganda electoral que tengan en un radio de 50 metros alrededor de las casillas.

Como único antecedente de violaciones a la veda electoral se registra el caso del senador del Partido Verde Ecologista de México Arturo Escobar, quien, sorprendido en Chiapas con un maletín en el que llevaba un millón de pesos, intentó explicarlo en una entrevista concedido a una radiodifusora. Sin embargo, tras ofrecer su versión de los hechos, pidió a los ciudadanos voltear a ver la opción que representaba su partido al momento de votar.