yer por la mañana, en un enfrentamiento en el área de comida rápida de la Terminal 2 del aeropuerto capitalino (AICM), tres elementos de la Policía Federal (PF) fueron asesinados a tiros. Dos perdieron la vida en el lugar y un tercero herido falleció en un hospital poco después. Según la versión oficial, se había ubicado a una red de funcionarios de diversas dependencias locales y federales adscritas al AICM presuntamente involucrados con el tráfico de drogas en esa terminal, por lo que se aplicó un operativo para la captura en flagrancia de dos elementos de la PF sujetos a investigación, adscritos al AICM y vinculados con la red de tráfico de estupefacientes, que al percatarse de que fueron descubiertos dispararon para evitar su captura y privaron de la vida a los agentes.

Como se recordará, a raíz de varias detenciones en España de personal de Aeroméxico que transportaba droga (diciembre de 2010 y agosto y noviembre de 2011), se divulgó la existencia en el AICM de una red dedicada al narcotráfico, integrada, además de empleados de esa empresa aérea, por agentes federales y efectivos de las compañías de seguridad privada que operan en el puerto aéreo. Algunos medios internacionales mencionaron la existencia de un verdadero cártel que situaba a sus integrantes en puntos críticos de revisión, a fin de permitir el paso de piezas de equipaje repletas de cocaína. En su momento, sin embargo, el gobierno no reconoció la existencia de dicha red criminal ni anunció medidas de saneamiento en el AICM.

El episodio de ayer no sólo es alarmante por la lamentable pérdida de vidas humanas, sino también por cuanto deja entrever una situación de descontrol en uno de los puntos estratégicos cruciales que deben permanecer bajo pleno dominio de la autoridad en todo momento. Se trata, ni más ni menos, del principal aeropuerto del país, y en él no debiera dejarse el menor margen para los estallidos de violencia delictiva ni para cualquier otra situación que afecte su funcionamiento.

Existen otros hechos indicativos de un aeropuerto inseguro en varios sentidos. En septiembre del año pasado, por ejemplo, un apagón de cinco horas en la terminal aérea obligó a la cancelación o el desvío de cerca de 230 vuelos. El incidente resultó inexplicable, si se considera que cualquier terminal aérea internacional, por la crucial importancia de su funcionamiento, debe disponer de sistemas eléctricos redundantes, circuitos de respaldo y personal suficiente para efectuar cualquier reparación en cuestión de minutos.

En términos generales, hay una grotesca contradicción entre los propósitos oficiales de combatir la inseguridad y el hecho de una balacera con tres policías muertos en el interior del mayor aeropuerto del país; entre los desmesurados recursos que se destinan a la promoción de la imagen nacional en el extranjero, especialmente con fines de captación de turistas e inversionistas, y una terminal aérea en la que se cometen fallas de seguridad, de inteligencia y hasta de electricidad tan inaceptables como las mencionadas. A su manera, tal incongruencia resulta emblemática de la enrome distancia entre el discurso gubernamental y las exasperantes realidades generadas o agudizadas a lo largo de la administración que está por concluir.

Con pifias trágicas como la ocurrida ayer en el aeropuerto capitalino y como la cometida la semana pasada contra dos jóvenes residentes en Zapopan, Jalisco, uno de los cuales fue falsamente señalado como hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo –ambos siguen sometidos a arraigo, pese a que su detención fue resultado de una identificación equívoca–, se evidencia, en el tramo final del sexenio, la improcedencia de la estrategia policial y militar impuesta en el país desde diciembre de 2006.