En el proceso electoral en curso, ejércitos en tierra son los encargados de ejecutar la compra y coacción del voto, principalmente en operaciones en efectivo que constituyen puntos ciegos adonde no llega la fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) ni la acción de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Observadores electorales consultados señalaron que persisten las estrategias ilegales vinculadas a la manipulación de la pobreza, como la operación tamal (dádivas y acarreo de votantes), pero también el manejo de programas sociales, especialmente en la estructura de delegados del Programa Oportunidades o del Seguro Popular.

Clara Jusidman, presidenta de Incide Social, dijo que por lo menos cinco delegados de la Secretaría de Desarrollo Social son candidatos a puestos de elección popular: los de Oaxaca, Quintana Roo y Zacatecas contienden para senador propietario, mientras que para diputados van los delegados de Sinaloa y Tlaxcala, cuyo origen es el de militantes partidistas en activo, y varios de ellos ya fueron diputados en la legislatura de 2006-2009.

De las dirigencias estatales y municipales pasan a las delegaciones estatales del gobierno federal y viceversa. Se trata de políticos del PAN, dedicados a la promoción de su partido, no de funcionarios públicos, operadores de los programas sociales, sin restricción alguna.

Intervención gubernamental

Jusidman, Alberto Olvera, investigador de la Universidad Veracruzana y especialista en participación ciudadana, así como Beatriz Camacho, directora de Alianza Cívica, coincidieron en afirmar que al financiamiento irregular de los partidos políticos se agrega la movilización de funcionarios de los tres niveles de gobierno que utilizan la estructura y el presupuesto públicos para operar a favor del gobierno en turno.

Yo quisiera saber cuántas oficinas tiene la Fepade a escala nacional. Estamos ante una institución inexistente y de ciudadanos que aceptan que su voto sea comprado o inducido, principalmente a causa de sus niveles de pobreza, pero no hay denuncias. La Fepade tendría qué actuar de oficio, especialmente ante las brigadas territoriales, ante la operación hormiga para repartir dinero y otros insumos, advirtió Jusidman.

Los especialistas comentaron que el signo de la campaña en curso es la movilización para la compra de votos y, además, la triangulación de recursos y convenios extralegales con grupos de interés, como empresas privadas, organizaciones políticas y sindicatos, entre otros, los cuales están fuera de la vigilancia de las autoridades electorales.

A una semana de la jornada electoral, indicaron que en los partidos persiste la estrategia para la compra de credenciales de elector, a fin de que los simpatizantes de determinado candidato no vayan a votar, especialmente en las zonas más pobres; también el recurso sirve para promover a candidatos por medio de la entrega de gorras, láminas, dinero, etcétera.

“El dinero en esta campaña es el gran tema de este proceso electoral; ya no es tanto el fraude por medio de ‘revivir a los muertos’ sino mediante las prácticas para comprar el voto de la gente más pobre. En todo esto la Fepade es un cero a la izquierda”, subrayó Camacho.

No vendan su voto

En tanto, consejeros del Instituto Federal Electoral pidieron a la población que denuncie los amagos de compra y coacción del voto.

Alfredo Figueroa aseveró que el IFE ya dio un paso adelante con la aprobación de un acuerdo para tratar de inhibir la compra y coacción del voto.

Francisco Guerrero pidió a los ciudadanos no vender su voto. Los ciudadanos deben saber que vender el voto es un delito; es un acto que lastima el proceso electoral, porque toda esta elección se basa en que México tiene ciudadanos libres.