Veracruz

Estrategias ciudadanas
en defensa de los ríos

Rosalinda Hidalgo Ledesma
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)
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Al publicarse en 2010 el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2011-2025, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se dieron a conocer los 510 proyectos hidroeléctricos a nivel nacional, de los cuales 112 corresponden a Veracruz. Predominan los de pequeña escala y con inversión privada.

Bajo el discurso de la ecoeficiencia, la generación de energía por medio de minihidroeléctricas provoca graves afectaciones de toda índole. Así lo muestran las experiencias en países como Panamá y Guatemala. Implican en muchos casos el desvío y/o entubamiento de los ríos. ¿Qué impactos tiene o puede tener esto en sociedades campesinas y en el contexto de un estado sumido en una profunda crisis social, política, cultural y ambiental?

Veracruz es un lugar de montañas, ríos y costas. Es uno de los estados más biodiversos del país, pese a los procesos de deterioro ambiental que sufre desde hace ya décadas. Es el tercer estado más poblado. Diez por ciento de sus habitantes son indígenas y están asentados en las partes medias y altas de las cuencas. Cuarenta por cierto de la población depende del sector primario y hace uso del territorio para reproducir su cultura, su economía y, en general, su vida.

En el ámbito político asistimos a una situación de ingobernabilidad, violencia, censura y militarización. El actual gobernador no inspira confianza; no ha sido capaz de escuchar las demandas de los pueblos. En un evento en 2011, cuando se solicitó su intervención para cancelar los proyectos de presas sobre el río Pescados, negó que éstos existieran. ¿Desconocimiento o simple evasión?

FOTOS: Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)

En 2010 surgió la alerta de las poblaciones campesinas y organizaciones sociales del centro de Veracruz en relación con los proyectos hidroeléctricos. Hay una amplia gama de acciones colectivas. Aquí algunas de ellas:

Proyecto Hidroeléctrico Veracruz: Ubicado sobre el río Apatlahuaya, en la zona cálida de la sierra de Zongolica, está afectando a familias nahuas de los municipios de Texhuacan, Mixtla de Altamirano y Zongolica, los dos primeros entre los más pobres del país. Es la primera presa con propósito energético que se construye en Veracruz desde hace por lo menos tres décadas. Se implantó en la zona mediante la compra de autoridades locales y la intimidación de los campesinos directamente afectados, sin consulta y sin garantizar el acceso de la población a la información. El avance de la obra es de más de 60 por ciento. Las poblaciones han tenido pocas herramientas para la defensa territorial pero actualmente, ante las afectaciones, van rompiendo el miedo y abriendo canales para una participación que va liberándose de las camisas de fuerza impuestas por el corporativismo y el clientelismo de viejo cuño.

Defensa del río Pescados-La Antigua: Hace dos años inició un movimiento en el municipio de Jalcomulco en oposición a la construcción de cinco presas a lo largo de este río. Un factor que ha contribuido a detener el avance de estos proyectos es un decreto de veda del río. Existen fuertes presiones por parte de empresas hidroeléctricas brasileñas y españolas para levantar la veda, y de hecho una población –Barranca Grande– ya fue reubicada. Recientemente se ha logrado tejer articulaciones entre autoridades ejidales de distintos municipios afectados y prestadores de servicios turísticos.

Quienes han cosechado victorias, y nutren las esperanzas de muchos otros, son los habitantes de los municipios de Tlapacoyan y Atzalan, quienes, al saber del proyecto hidroeléctrico que se pretendía instalar sobre el río Bobos-Nautla, interpusieron con éxito una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello no quiere decir que la lucha esté del todo ganada, ya que la empresa ha vuelto a solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los permisos para la construcción de la presa.

Desde julio de 2011 los movimientos y ciudadanos inconformes han llevado a cabo diversas acciones a escala estatal y se ha fortalecido la articulación entre distintos actores para la defensa de los ríos.

Vemos así el despliegue de la acción ciudadana frente al desastre socioambiental y político que aqueja a Veracruz, un desastre que se traduce en diversos proyectos de “desarrollo” a costa de la destrucción de los ríos y sus pueblos. La demanda de justicia ambiental y social se escucha cada vez con mayor fuerza.

Marcha en el municipio de Cuichapa, Veracruz, para la cancelación de trabajos de perforación en el cerro de Barrio de Guadalupe y la Laguna (julio 2011) FOTOS: Gabriela Sainz

Veracruz

La hidroeléctrica
El Naranjal

Gabriela Sainz
Colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre
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El proyecto El Naranjal pretende ubicarse en la zona centro de Veracruz, en los municipios Fortín, Ixtaczoquitlán, Naranjal, Cuichapa, Amatlán de los Reyes y Yanga. Consiste en la construcción de una central hidroeléctrica que aprovechará el gasto hidrológico de los ríos Blanco y Metlac para obtener una potencia neta de 360 megavatios y una generación neta media anual de 676 gigavatios por hora.

Las obras principales son una cortina derivada de nueve metros de altura, que se ubicará a 30 metros aguas debajo de la confluencia de los dos ríos mencionados, y el embalse, en tal confluencia, cubrirá 1.84 hectáreas.

Asimismo, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la obra de conducción es un canal a cielo abierto de 22 kilómetros de longitud sobre el margen del río Blanco. El proyecto, de competencia federal, afectará una superficie total de 93.31 hectáreas, de las cuales 61.94 requieren cambio de uso de suelo de áreas forestales.

Desviar las aguas del río Blanco fuera de su cauce por medio de un canal artificial de 22 kilómetros a cielo abierto tendría efectos ambientales nocivos y obligaría a soportar los olores fétidos del agua, provocando un aumento en las fuentes de infección y enfermedades en la población aledaña. Algunas comunidades serian divididas por el canal, con todo lo que eso implica socialmente, y habría incertidumbre constante ante el riesgo de desbordamiento del canal debido a las cada vez más torrenciales lluvias.

Marcha en apoyo a las comunidades de Cuichapa, Veracruz, para cancelar los trabajos de Hidroeléctrica El Naranjal (julio 2011)

Se prevén también posibles daños de contaminación de los nacimientos de agua que abastecen a las comunidades de los cinco municipios afectados, y a los pueblos que río abajo recibirán gran cantidad de contaminantes que se descarguen a las aguas. Más de 50 mil habitantes se verán afectados.

Ejidatarios y pequeños propietarios, productores de café, caña y otros cultivos están preocupados, pues reciben la visita constante de los constructores privados que los intimidan demandándoles que vendan o renten sus tierras. Les dicen que la obra es “una orden de arriba”.

La empresa responsable de la construcción, Proyecto Hidroeléctrico el Naranjal Agroetanol de Veracruz, SRLCV, dice que ofrece 400 empleos. Sus representantes van de municipio en municipio haciendo creer a la ciudadanía que es un proyecto que traerá el desarrollo y el progreso a la región.

Hubo alarma en esta zona cuando empezaron a transitar por los cerros personas armadas; también llegaron algunos que decían ser jubilados de Monterrey, otros de San Luis Potosí y del estado de México que decían que querían comprar tierras porque consideran bonito este lugar para descansar; otros más informaban que venían a invertir en invernaderos. Algunos foráneos decían que andaban buscando mármol y que querían explorar la profundidad del suelo para encontrar agua. Tres hombres llegaron, según ellos con órdenes superiores, a advertir a los ejidatarios que vendieran sus tierras, porque de otra forma se las iban a expropiar. Nunca hablaron de un proyecto hidroeléctrico; se acercaron a comprar predios a ejidatarios de manera alevosa.

A raíz de que se conoció la MIA, las comunidades organizadas se unieron para conformar el colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, con más de 30 comunidades de los municipios afectados. Se han dedicado a solicitar información al gobierno sobre el proyecto, han emprendido acciones como marchas, pintado de bardas, pega de carteles y foros informativos y culturales, en donde manifiestan su rechazo al proyecto, porque ninguna comunidad ha sido consultada.

El colectivo –que inició su labor el 5 de junio de 2011, en el aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, y suma ya 32 asambleas– exige la cancelación del proyecto y su consigna es mantener la defensa de la tierra y de los recursos naturales. Más de 70 por ciento de los terrenos que requiere el proyecto permanecen en manos campesinas; la gente está informada y se ha propuesto no vender nada de tierra para El Naranjal.

Cancelación de trabajos de perforación en el cerro de Barrio de Guadalupe, Cuichapa, Veracruz

Desde hace un año el colectivo pidió audiencia al gobernador de Veracruz para hablar sobre el proyecto, pero no ha recibido respuesta, a pesar de que los alcaldes de Amatlán de los Reyes y de Cuichapa han presentado escritos de cancelación de trabajos a la empresa por no contar con permisos para los estudios de suelo.

En el barrio de Guadalupe, municipio de Cuichapa, la constructora abrió una brecha en el cerro, dijo que facilitaría la movilización de cosechas y productos. Nunca habló de una hidroeléctrica. La verdad salió a flote: pobladores y autoridades municipales testificaron que en la parte alta del cerro había maquinaria de la empresa perforando 300 metros para analizar y medir la resistencia de los terrenos. Formalmente frenaron los trabajos, pero al mismo tiempo, a escasos metros de donde se realizaba la cancelación del trabajo, se detonaron más de 60 disparos en son de amenaza. La empresa retiró su maquinaria, pero luego de 11 meses, en mayo de 2012, volvió y perforó sin permisos ni autorización de propietarios y ejidatarios.

El colectivo cuenta con nueve mil 700 firmas, hasta hoy, de pobladores que rechazan el proyecto hidroeléctrico.

Estado de México Atenco, un territorio asediado FOTOS: Mayra Irasema Terrones Medina Mayra Irasema Terrones Medina [email protected] Las estrategias de desgaste y división en las comunidades del municipio de Atenco para despojar a los ejidatarios de sus tierras han ido desde el intento del gobierno federal de expropiación en 2001 (cancelado en 2002 por la oposición de los pobladores) hasta formas de ahorcamiento social, político, económico y de sustentabilidad. Desde 2003, cuando era gobernador Enrique Peña, se han puesto en marcha diversos proyectos para la construcción de infraestructura a fin de urbanizar la región de Texcoco a costa de estas tierras. Ocurren con estrategias que ponen al descubierto abusos e ilegalidades en la adquisición de éstas, por parte de los gobiernos federal y estatal, así como de las empresas interesadas. Un ejemplo es OHL –conglomerado de siete empresas españolas que en México se denomina OHL Concesiones–, a la cual se le dio la concesión para construir las cuatro fases del circuito exterior mexiquense. OHL ha concesionado a Alter Consultores, SC, la desincorporación de la propiedad social de dos de sus proyectos. El director de Alter es Julio Antonio Virgen Camaño, quien fuera delegado en el Estado de México de la Procuraduría Agraria (PA). Él tiene un conocimiento pleno de la situación de cada uno de los ejidos de esta zona y su compañía busca la compra de las tierras en Acuexcomac, San Salvador Atenco y la colonia Francisco I. Madero; presume ser expertos en resolver “conflictos agrarios”. Los ingenieros Andrés Ixmatlahua Lemus y Álvaro Paredes Pérez se han presentado con los comisariados ejidales de las tres comunidades; quieren comprar tierras para el entronque de la autopista Peñón-Texcoco, que cruza las tres y conecta con Acolman hacía Tulancingo, Hidalgo. Estos técnicos operativos están a la orden de Roberto Muñoz Espinoza, quien fuera, en años anteriores, visitador agrario de la PA. Los representantes de Alter Consultores han intentado engañar a los campesinos en las tres comunidades para comprarles sus tierras. Acudieron a hablar con ellos casa por casa. En San Salvador Atenco visitaron a 33 ejidatarios de un área que se conoce como “El gachupín” diciéndoles que la colonia Francisco I. Madero ya les había vendido su terreno. Luego fueron a ver a 43 ejidatarios de Acuexcomac y les dijeron que San Salvador Atenco ya había vendido. El 6 de mayo de este año, en asamblea ejidal, San Salvador Atenco rechazó la venta de las tierras; en Acuexcomac está por darse la asamblea. Estos ingenieros han argumentado que el artículo 27 constitucional ya cambió y que ahora pueden vender aunque no tengan el dominio pleno de sus parcelas y sin pasar por asamblea ejidal, lo cual es mentira. También engañan a los ejidatarios con la idea de que en próximos meses se reactivaría una expropiación para esos terrenos, lo cual es falso dada la derogación al decreto expropiatorio que se dio en 2002. Por otra parte, entre la infraestructura que ha construido el Estado de México, llaman la atención las obras de drenaje túnel emisor oriente realizadas para evitar la saturación de agua. Estas obras son punto de partida de un proyecto “ecológico” que desde el 2008 impulsó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), denominado Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco y cuyo presupuesto está en 80 por ciento destinado a la compra de tierras. Para este proyecto, la Conagua compró terrenos ejidales en Ixtapan y Nexquipayac; en este último lo hizo buscando uno a uno a los ejidatarios; les ofreció de 200 a 250 pesos por metro cuadrado y asesoría para cambiar la propiedad social a privada. En San Salvador Atenco, en el 2010 se negó la venta de tierras en asamblea ejidal. Sin embargo, en Nexquipayac los ejidatarios, sin ostentar el dominio pleno de sus tierras –ya que no finalizaron esta última fase del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede)–, vendieron a la Conagua, la cual previamente hizo labor de convencimiento casa por casa, sin pasar por la asamblea ejidal. Esta compra-venta de tierras en Nexqquipayac resulta, por tanto, ilegal. Una estrategia de acoso a los campesinos es por la vía de la oferta de agua. En San Salvador Atenco, Acuexcomac y en otros núcleos agrarios, la Conagua ha frenado desde 2000 las mejoras de los pozos de agua que se utilizan para riego. En el ejido de Atenco existen siete pozos de riego agrícola, todos constituidos por sociedades ejidales de las unidades de riego agrícola; se ubican en la Cuenca del Valle de Texcoco, Cuautitlán, donde hay una veda permanente para abrir nuevos pozos para los ejidatarios, con el argumento de que hay sobreexplotación de agua del subsuelo. Sin embargo en la zona Texcoco-Chimalhuacán se han desarrollado complejos comerciales con uno o más pozos de agua potable para abastecerlos. Y en los desarrollos de viviendas “de interés social”, en particular los de Casas ARA, se han abierto más pozos, a pesar de lo devastada que está la cuenca hidrográfica del oriente del Estado de México. Las concesiones de pozos, que otorga la Conagua, deben renovarse cada cinco a ocho años; en caso de incumplimiento, el castigo debería ser una multa por retardo. En los pozos El Amanal y El Espíritu Santo, del ejido Atenco, y en el pozo de La Purísima, Acuexcomac, los campesinos no han podido renovar sus concesiones y como respuesta sufrieron la clausura de los pozos, con una tapa soldada y la leyenda “Inviolable”. Los de La Purísima y El Espíritu Santo están en los bordes del río San Bartolo, justo en la zona que Alter Consultores pretende comprar. Los ejidatarios son objeto también de cobros exagerados e injustificados por concepto de energía para el funcionamiento de los pozos. Como no pueden pagar, les cortan el servicio. También han sufrido el robo de instalaciones eléctricas: transformadores y tableros, como en El Espíritu Santo. La pérdida de capacidad de riego en sus parcelas, por los motivos descritos, frena la capacidad productiva y lleva a los ejidatarios de El Espíritu Santo a concebir como algo viable la venta de sus tierras. Pero los pobladores vecinos plantean donarles el excedente de agua de otros pozos para apoyarlos; ello, como parte de su resistencia y lucha por defender la tierra.