Oposición a la presa La Parota

Nueve años de resistencia ejemplar

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a la Presa La Parota (CECOP)

A nueve años de haber iniciado el movimiento contra el Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota que el gobierno mexicano trató de imponer en nuestras tierras, ejerciendo la violencia de Estado como método coercitivo, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) reafirma su decisión de seguir defendiendo la tierra, el territorio, el agua, la biodiversidad y, sobre todo, la posesión comunitaria de las tierras, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Nuestra lucha sigue y seguirá firme hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto.

¡La tierra no se vende! es y seguirá siendo nuestro lema y el eje conductor de nuestro movimiento. Hemos obtenido triunfos estratégicos, el más importante es haber impedido en estos nueve años de lucha la construcción de la presa, que afectaría irreversiblemente el entorno ecológico y el tejido social. Nuestra decisión es que la presa nunca se hará. El 28 de julio de 2003 expulsamos de nuestro territorio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es la promovente de la presa; sin embargo, contra la voluntad de los pueblos, el gobierno sigue insistiendo en el proyecto, lo que se traduce en una violación permanente a nuestros derechos.

El Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota responde a un esquema desarrollista, que afecta a la población más desprotegida, los campesinos y particularmente los indígenas. De manera ilegal la CFE entró a nuestras tierras, compró comisarios y autoridades locales, amenazó a los pobladores y generó un clima de violencia para apropiarse de las tierras comunales y ejidales. En respuesta, integramos un fuerte movimiento de resistencia que, con un claro programa de lucha y respaldando nuestras acciones con el uso adecuado de recursos legales, ha impedido el despojo.

El proyecto La Parota está integrado al Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla Panamá (PPP), firmado el 15 de junio de 2001. Se inscribe en el Programa de Interconexión Energético Mesoamericano, ratificado por los presidentes de la región y el de México en la VIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, el 11 de julio de 2006 en Panamá. A éste posteriormente se agregó Colombia. El objetivo es generar un gigantesco mercado de energía eléctrica para su exportación a Estados Unidos y a la maquila mesoamericana a través del Sistema de Interconexión Energética para los Países de América Central (SIEPAC). La industria de las presas es un gran negocio a escala mundial, la estrategia actual es trasladar su construcción a los países periféricos y desmantelar el mayor número de presas en los industrializados. Trasladan los conflictos sociales y los desastres ambientales hacia los países pobres y dependientes.

Los países poderosos reciben y comercializan la energía. Los problemas y los desastres quedan en el Sur.

El año 2005 concentró la mayor violencia en el conflicto. La represión sistemática de la CFE y el gobierno de Guerrero destruyeron el tejido social en las comunidades con acciones y métodos ilegales: la corrupción, la repartición de dinero a los viejos líderes agrarios, protegidos por las fuerzas policiacas y sobre todo por la impunidad. El 18 de septiembre de 2005 fue asesinado el compañero Tomás Cruz Zamora. El 29 de enero de 2006, en el ejido Dos Arroyos fue asesinado a pedradas y garrotazos el ejidatario Eduardo Maya Manrique. El 6 de enero de 2007, en la comunidad de Huamuchitos, fue asesinado el comunero Benito Cruz Jacinto.

El conflicto ambiental. El 24 de agosto de 2004, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por la exigencia de los campesinos, sometió a consulta pública el proyecto. Se impugnó por los propios campesinos y por expertos la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en tanto que no evalúa integralmente los daños al sistema hidrológico; no impone medidas al problema de erosión y sedimentación y carece de un estudio sísmico serio. La Parota se localizaría en la zona más altamente sísmica del país, la Fosa Mesoamericana, que limita con la Placa de Cocos y la Placa Continental Norteamericana y, como todas las grandes presas, se requiere de profundos estudios sobre sismicidad.

El 13 de diciembre de 2004, la Semarnat autorizó el impacto ambiental. Ejidatarios y comuneros presentamos un recurso de revisión (Semarnat, 2005: 12GE2004H0014). En agosto de 2005, la Semarnat confirmó la autorización sin considerar el principio precautorio. El 3 de marzo de 2006 interpusimos una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (TFJFA: Exp.7384/06/17-08-8).

Veredicto del Tribunal Latinoamericano del Agua. El 17 de marzo de 2006, el caso La Parota fue juzgado en la Primera Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) –tribunal internacional de justicia ambiental con carácter ético–. El TLA resolvió: “Los derechos agrarios de las comunidades afectadas por el proyecto presa La Parota y el control del territorio y sus recursos naturales deben ser garantizados como lo marca el artículo 27 constitucional. De igual manera debe respetarse la diversidad cultural, la existencia de comunidades indígenas, los derechos agrarios y formas de gobierno, usos y costumbres en su territorio como se especifica en el artículo 2 de la Constitución”. Por consiguiente:

FOTOS: Gónzalo Pérez

1.- El Proyecto Hidroeléctrico La Parota debe cancelarse ya que no se demuestran los beneficios a la población local ni su contribución al desarrollo regional, ni considera la protección del ambiente y los recursos naturales.

2.- El gobierno del estado de Guerrero debe garantizar las condiciones de seguridad para la población, respetar los derechos humanos y contribuir a la paz social de los habitantes de la región afectados por el citado proyecto. (TLA, Veredicto La Parota, http//www.tragua.com).

El Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda: Apartado E, párrafo 28: “El Comité urge al Estado Mexicano asegurar que las comunidades indígenas y locales afectadas por el proyecto de la Presa Hidroeléctrica La Parota u otros megaproyectos en las tierras y territorios que éstos poseen o que tradicionalmente ocupan o utilizan sean debidamente consultadas, y que se procure su previo consentimiento informado en cualquiera de los procesos de toma de decisión relacionados con estos proyectos que afectan sus derechos e intereses reconocidos en el Pacto Internacional DESC (PIDESC), en concordancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. El Comité también urge al Estado Parte a reconocer los derechos de propiedad y posesión de las comunidades indígenas sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos y, de ser el caso, asegurar a las comunidades indígenas y campesinos locales afectados por la construcción de la Presa La Parota u otros proyectos de infraestructura dentro del Plan Puebla Panamá, una adecuada compensación y/o reubicación alternativa y tierras fértiles para los cultivos, y que sus derechos económicos, sociales y culturales sean salvaguardados. Al respecto, el Estado Parte debe referirse a las Observaciones Generales Nº 14 y 15 del Comité sobre el derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud y el derecho al agua” (ONU, Consejo Económico y Social, 2006: E/C.12/CO/MEX/4).

Los juicios del Tribunal Unitario Agrario y las prácticas fraudulentas. Obligado el gobierno federal a responder a los comuneros y ejidatarios a ser debidamente informados y consultados, en 2005 y, posteriormente en 2007, la CFE con apoyo del gobierno estatal simuló una consulta, pero lo hizo en el marco de la Ley Agraria, con sus métodos fraudulentos ampliamente estudiados, que van desde el control del padrón agrario, la manipulación de las asambleas y la represión policiaca. A finales de 2006 y posteriormente en 2011, el Tribunal Unitario Agrario 41, con sede en Acapulco, Guerrero, emitió las sentencias correspondientes y declaró nulas las cinco asambleas fraudulentas que, manipulando la Ley Agraria, los comisariados agrarios apoyados por la CFE realizaron en los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec y en los ejidos Los Huajes, Dos Arroyos y La Palma.

Con las sentencias de nulidad quedó al descubierto la ilegalidad con que pretendieron los gobiernos federal y estatal obtener el permiso de los núcleos agrarios para iniciar el proyecto La Parota. La anulación de las asambleas fraudulentas, respaldadas con la fuerza policiaca, desnudaron la actuación ilegal del gobierno mexicano y la simulación jurídica que utilizan sistemáticamente como método para imponer los megaproyectos de las empresas trasnacionales no importándoles las agresiones y la violación a los derechos de los pueblos.