Chiapas

FOTOS: Archivo

Cuatro heridas sobre el río Grijalva

Carlos A. Rodríguez Wallenius
Profesor investigador de la UAM Xochimilco
[email protected]

Chiapas siempre ha encarnado las contradicciones entre modernización y barbarie y las presas hidroeléctricas enclavadas en su territorio son claro ejemplo de esto. El río Grijalva (el segundo más caudaloso del país) atraviesa el estado y en él se han construido cuatro presas hidroeléctricas, que constituyen el sistema de generación eléctrica más importante del país, al producir 11 por ciento de los requerimientos nacionales.

Sin embargo, estas impresionantes y modernas obras de infraestructura han sido acompañadas por desalojos de comunidades, reubicación de poblaciones, represiones, anegación de tierras de cultivos y destrucción de hábitat; sus efectos sociales y ambientales han sido severos, por lo que constituyen cuatro heridas cuyo dolor fluye constante en las aguas del Grijalva.

La primera presa que se construyó fue la de Malpaso (también denominada Netzahualcóyotl) realizada entre 1958 y 1966. Fue puesta en marcha en enero de 1969 con una capacidad de mil 20 megavatios. Suembalse inundó una superficie de 11 milhectáreas, lo que implicó desplazar a mil 500 campesinos e indígenas (sobre todo zoques), pues muchos de ellos vivían en el histórico pueblo de Quechula (que quedó debajo del agua); se les trasladó a la nueva población de Raudales de Malpaso.

La siguiente presa fue La Angostura (o Belisario Domínguez), que inició su construcción en 1969 y entró en operación en julio de 1976, con capacidad para generar 900 megavatios. Tiene el mayorembalsedel país (que implicó anegar 60 mil hectáreas de terrenos) y afectó de forma parcial o total a 16 comunidades, por lo que se reacomodó a 17 mil personas en poblados recién construidos como Nueva Concordia, El Diamante Echeverría y El Ámbar. En este caso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometió a indemnizar las tierras que se inundaron, aunque décadas después los ejidatarios todavía exigen que se les pague el monto total acordado. En otros casos, a algunos campesinos se les repuso su tierra, pero sobre los terrenos comunales de Venustiano Carranza, provocando nuevos conflictos.

La tercera hidroeléctrica en construirse fue Chicoasén (oficialmente llamada Ingeniero Manuel Moreno Torres), que inició funciones en mayo de 1981. Tiene una capacidad de dos mil 400 megavatios y es considerada la cuarta planta hidroeléctrica a nivel mundial en cuanto a su producción; además, su espectacular cortina de 262 metros de altura la hace una de más altas del orbe. Para su operación, se tuvo que reubicar a cerca de dos mil personas que, en buena medida, fueron trasladadas al nuevo pueblo de Osumacinta (que sustituyó al que se había anegado). Otro de los impactos de esta presa fue al interior de Cañón del Sumidero, pues al subir el nivel del río destruyó un hábitat único y milenario, con una importante cantidad de especies endémicas.

La presa de más reciente construcción fue Peñitas (o Ángel Albino Corzo), que entró en operaciones en septiembre de 1987, con una capacidad de 420 megavatios. Aquí la población zoque nuevamente resultó afectada, pues sufrió una reducción de su espacio territorial y la reubicación de varios ejidos. De forma adicional, fueron importantes los impactos en los ecosistemas acuáticos y lagunares de la cuenca del río Grijalva.

Pero las afectaciones no han quedado ahí, pues en octubre del 2007 un fuerte temporal hizo que se derrumbara un cerro a la altura de la comunidad Juan de Grijalva, lo que provocó un tapón natural sobre el río Grijalva (entre las presas Malpaso y Peñitas) formándose una represa que hizo que el agua subiera unos 15 metros de altura, sobre todo por el desfogue de la presa de Malpaso. Esta situación desplazó a cientos de familias campesinas de varias comunidades al inundarse sus casas y terrenos.

Hoy todavía se ciernen nuevas amenazas en el río Grijalva, pues hay proyectos para nuevas presas. La que ya tiene todos los permisos para comenzar a construirse es la Copainalá o Chicoasén II, que estará a menos de siete kilómetros al noroeste de Chicoasén, con una capacidad de 225 megavatios y tendría un embalse que inundaría 189 hectáreas. Otro proyecto es la presa Mezcalapa, en la frontera entre Tabasco-Chiapas y ubicada a 28 kilómetros río abajo de la presa Peñitas, con capacidad de producción de 300 megavatios. También está el plan para la presa Acalá, con potencial de 135 megavatios.

Así, para miles de campesinos e indígenas, la construcción de las modernas obras hidroeléctricas ha implicado pérdidas y padecimientos, no sólo por la dolencia que implica malograr sus terrenos, casas y poblados, sino por los impactos emocionales y culturales debidos a la destrucción de sus territorios, hábitat y paisajes; por los sufrimientos resultado del proceso de reubicación que implicó reconstruir sus identidades y lazos comunitarios, y por el desgaste que significa para muchos ejidatarios que, décadas después, sigan gestionando el pago total de sus indemnizaciones. En fin, una barbarie cometida en nombre de la modernidad, la cual amenaza hoy nuevamente con poner nuevas heridas sobre el doliente río Grijalva.

Sinaloa Picachos: corrupción, y engaños FOTOS: Irene Sánchez Irene Sánchez Colaboradora de La Jornada, trabaja en la UAS [email protected] En 2009 se terminó de construir la presa Picachos, que forzó a 800 familias a abandonar sus pueblos. El cierre de las compuertas del embalse empezó a llenar el vaso y ahogó sus viviendas. A tres años todavía los desplazados de seis comunidades de Mazatlán y Concordia siguen reclamando justicia ante el gobierno de Sinaloa; piden que las nuevas poblaciones donde se reubicaron puedan ser habitables. El proyecto hidráulico Baluarte-Presidio etapa Picachos fue inaugurado en 2006. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció entonces a la población mazatleca que tendría agua asegurada para medio siglo; desarrollo económico del sur del estado, al irrigar 22 mil 500 hectáreas de riego; prevención de inundaciones, y generación de electricidad. La presa fue construida sin aval de los comuneros. Los campesinos han exigido que se les indemnice propiedades y tierras inundadas. Los primeros pagos, que ellos consideran un abono, los recibieron con un avalúo hecho en 2005. Consideran que deben actualizarse los finiquitos. Arrancar pueblos enteros de sus asentamientos deja muchos traumas. Así lo reconoció el exgobernador Jesús Aguilar Padilla, quien en 2010 acudió a pedir perdón a los campesinos en un acto en el pueblo de la Puerta de San Marcos. Dejan sus recuerdos, las raíces de sus antepasados, sus muertos y su cultura que les da identidad. Los campesinos de las seis comunidades afectadas -La Puerta de San Marcos, El Placer, Copales, Puerta de San Marcos (Mazatlán) y de Casas Viejas y Las Iguanas (Concordia)- no se opusieron a la construcción del embalse. Pero sí mostraron resistencia cuando pretendieron lanzarlos sin darles una casa, ya que el proyecto ejecutivo no contemplaba viviendas para los desplazados. Finalmente fueron forzados a aceptar “pies de casas”, viviendas fincadas de siete por 20 metros cada una. Desde 2003 los comuneros y avecindados han vivido un viacrucis. Debieron trasladarse a Mazatlán para protestar, manifestarse por las carreteras hacia Culiacán, plantarse ante el Congreso del estado, y sufrir el encarcelamiento de sus líderes. Para la construcción de Picachos, se constituyó el Fideicomiso de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa (Fihisin); se consideró inicialmente un costo de 2 mil 570 millones de pesos, con la participación del gobierno federal de 49 por ciento, 24 por ciento del gobierno de Sinaloa, 21 de aportaciones de los productores del sur del estado y seis por ciento del municipio de Mazatlán. El gobernador Mario López Valdez reconoció que el proyecto nació viciado pues no existe decreto de expropiación y no tiene el aval de los comuneros de San Marcos, que son los dueños de las tierras, donde se edificó la cortina del embalse. Además, la presa se convirtió en un barril sin fondo; ya el gobierno de Sinaloa erogó 800 millones de pesos, rebasando lo que tenían programado. No se han transparentado los gastos, y la dependencia de la Función Pública y Transparencia del gobierno de Sinaloa indaga posibles desvíos de recursos y pagos desordenados en las indemnizaciones. Al gobierno estatal le preocupa que no se ha decretado la expropiación de las tierras donde está la presa, y sólo cuando ésta ocurra podrá entregar la obra a la Conagua. En más de una ocasión se ha cancelado el acto de entrega con la visita del presidente Felipe Calderón. Esto mantiene suspendida la segunda parte del proyecto de la presa Baluarte, a construirse en el municipio de El Rosario, y que reclaman los empresarios y productores agrícolas. Tampoco se ha iniciado la construcción de la Central Hidroeléctrica Picachos, por parte del Grupo Minera México, que ya cuenta con el trámite de impacto ambiental y el proyecto y la inversión de 8.9 millones de dólares. La construcción de la presa Picachos afectó a la región y a sus habitantes. Se destruyó selva mediana subperennifolia, que sólo en la región noroeste existía, y quedaron ahogadas cuatro mil 500 hectáreas de selva con valor de más de 500 millones de dólares, que podrían haberse recuperado, según denuncia de Sergio Valle, del Consejo Ecológico. El desastre ecológico se verá con el tiempo.

Oaxaca

Lucha contra la presa
Paso de la Reina y por la autonomía

Ana María García Arreola
Colectivo de organizaciones Educa, La Ventana, Tequio Jurídico, en apoyo al Copudever.
www.pasodelareina.org
[email protected]

Sobre la costa de Oaxaca se localiza la cuenca del río Verde o Atoyac, la segunda con mayor extensión en el estado. Nace el río en los valles centrales y cruza la sierra sur. A lo largo de la cuenca han vivido por muchos años los pueblos zapoteco, mixteco, chatino, negro y mestizo. Se han realizado distintos estudios desde hace más de 60 años sobre el cauce principal para comprobar las características hidrológicas, geológicas, ambientales y sociales que determinen el potencial hidroeléctrico y de irrigación de la cuenca.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha considerado como posibles dos grandes proyectos hidroeléctricos sobre la cuenca media baja del río Verde, denominados Ixtayutla y Paso de la Reina. El primero se ubicaría en territorio del ejido de San Lucas Atoyaquillo del municipio de Santiago Ixtayutla, en Santiago Amoltepec, Santa Cruz Zenzontepec y Santa Cruz Itundujia, con una capacidad estimada de 900 megavatios de potencia. El segundo estaría en territorio del ejido Paso de la Reina, en el municipio de Santiago Jamiltepec.

La CFE decidió iniciar con el segundo proyecto en 2006, con la denominación oficial de: “Aprovechamiento hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina”; hoy está en etapa de estudios de factibilidad.

Inicialmente el plan contemplaba la construcción de una cortina de 195 metros de altura, con una afectación de tres mil 100 hectáreas, una capacidad de almacenamiento de agua de mil 278 millones de metros cúbicos y una capacidad instalada de 510 megavatios de potencia. El costo proyectado entonces era de 650 millones de dólares.

Para 2008, la CFE anunció ajustes a la cortina, que ahora mediría 155 metros, y la superficie afectada total sería de dos mil 468 hectáreas. Se calcula que 16 mil 956 habitantes serían afectados directamente y 97 mil más de manera indirecta. El valor del proyecto se ha elevado a mil millones de dólares.

El área de afectación directa corresponde a más de 39 comunidades y seis municipios: Santiago Jamiltepec, Santiago Ixtayutla, Tataltepec de Valdés, Santiago Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec y Villa de Melchor Ocampo.

La vida en la cuenca del Río Verde Atoyac. Esta cuenca cuenta con una enorme diversidad en población, flora y fauna, de climas, de culturas y de territorios. De ella se alimenta el 14.7 por ciento de los manglares del estado, ubicados en el sistema lagunar Chacahua-Pastoría, el cual es considerado por el gobierno como Área Natural Protegida y Sitio Ramsar (humedal de reconocimiento internacional), y también contempla dunas costeras, un santuario para la anidación de tortugas marinas y selvas inundables que son hábitat de especies migratorias y de interés para conservación. Además, el río Verde, al desembocar al mar, ayuda a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad de la franja marino-costera, que es una Región Marina Prioritaria de nuestro país.

En la parte media y baja conviven pueblos chatinos, mixtecos, mestizos y negros. La agricultura comercial es la principal y se complementa con la ganadería; las comunidades negras se dedican principalmente a la pesca. En la parte alta de la cuenca habitan pueblos mixtecos y chatinos dedicados a la agricultura y la ganadería de subsistencia.

La organización de los pueblos. Cuando en 2006 se anunció públicamente, la mayoría de comunidades desconocía el proyecto de la Presa Paso de la Reina. Los mixtecos y chatinos de la parte alta de la cuenca se dedicaron a buscar información y compartirla con las comunidades; recorrieron varios municipios de la región y llevaron los foros regionales “Por la defensa del agua y el territorio de los pueblos indígenas”. Surgió entonces el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (Copudever), organización regional integrada por ejidos, comunidades, municipios y organizaciones, que pretende, entre otras cosas, frenar la construcción de presas en el río.

En los talleres sobre derechos indígenas, los asistentes declararon: “Vamos a conjuntar esfuerzos para luchar; los niños han vivido en el bosque, donde buscan sus alimentos, también se divierten y crecen felices. Es ahora cuando debemos tener la capacidad de unirnos para seguir disfrutando de los bienes que tenemos: alimentos, animales, bosque, plantas, flores, agua y ríos. Todo hay que conservarlo para las futuras generaciones. Es por eso que no vamos a estar ajenos a la problemática del proyecto de Paso de la Reina”.

En Tataltepec han dicho que “la desviación del cauce natural del río afectaría toda forma de vida en la cuenca; la pérdida de tierras atentaría contra la vida misma, pues en ella habitamos, de ella comemos; en estas tierras habitan nuestros antepasados y existen todavía nuestros lugares sagrados”. Las habitantes del ejido Paso de la Reina han dicho: “No queremos ser desplazados. Queremos conservar nuestro territorio, cuidarlo y decidir qué nos conviene”.

Pobladores de Tututepec que ya han sido afectados por la presa de riego Flores Magón, cuya cortina mide ocho metros de altura, alertan: “Hemos visto cómo se han perdido especies de animales en el río; el agua no puede intercambiarse, ha aumentado su temperatura y muchos peces han muerto. Además el riego sólo beneficia a cuatro personas que controlan los cultivos de papaya. El resto de la comunidad no hemos tenido ningún beneficio, y luchamos por más de diez años para el pago de las indemnizaciones correspondientes a dos mil 500 hectáreas”.

Los pobladores de la comunidad negra del Azufre advirtieron que la presa Flores Magón les ha afectado mucho, que tienen que ir a pedir a los del distrito de riego que no rieguen todos los días, para que permitan que el río fluya río abajo y el pescado pueda desovar, debido a que en los últimos tiempos la pesca se ha escaseado por la falta de flujo suficiente del río hacia el mar. Esta presa está afectando a los humedales y el bosque de Chacahua y ahora depende de la suerte de la temporada de lluvias.

Algunos comuneros expresaron en asambleas: “Tenemos que reflexionar, ¿quién tendrá el control de nuestro territorio? Tenemos entendido que al pasar a ser zona federal, nosotros ya no tendríamos decisión. ¿Vamos a pedir concesiones? ¿Cómo es eso de que para pasar el río pediremos permiso? Nos han dicho los de La Parota que estaban ofreciendo 70 centavos por metro cuadrado, y después de qué vamos a vivir. Visto así estaríamos entregando nuestro territorio”. En Tataltepec mujeres afirmaron: “Aquí respiramos un solo aire, comemos los mismos frijoles y el mismo maíz, la misma tortilla, a eso le llamamos territorio y no tiene precio”.

Un factor fundamental para la lucha en esta región ha sido el intercambio de experiencias con gente de otros estados del país y de otros países que enfrentan la misma amenaza. Comparten cómo han vivido las inundaciones de tierra, la contaminación del agua del embalse, después la sedimentación que ocasiona el empobrecimiento del suelo, el desbordamiento de las cortinas y la falta de seguridad de las mismas. Esto último preocupa en especial porque Oaxaca y en especial la región de la costa, son de alta sismicidad.

Por medio del Copudever, las comunidades y ejidos que se oponen a estos megaproyectos han realizado acciones de defensa legal, ante la actuación irregular de la CFE en la etapa de estudios, y han marchado en varias ocasiones con más de diez mil personas en Jamiltepec y Pinotepa Nacional.

Recientemente autoridades locales y representantes de la organización han recurrido a los tribunales de distrito, alegando el respeto a su derecho de petición constitucional, por la omisión de respuesta por parte del gobernador del estado, al cual le han solicitado, en diversas ocasiones, una audiencia para discutir sobre el proyecto hidroeléctrico.

Cuando las comunidades indígenas luchan por sus espacios territoriales no están peleando sólo un espacio de tierra para sembrar o colocar una casa para vivir. Están defendiendo sobre todo su derecho a ser, a vivir como colectivo humano, a mantener el control sobre su vida comunitaria y, en un sentido más amplio, el derecho de decidir su futuro. Están peleando por su autonomía.