En tan sólo una semana han ocurrido tres agresiones en contra de defensores de derechos humanos en Oaxaca, por lo que es urgente que las autoridades de dicha entidad garanticen la seguridad e integridad de los activistas, señaló la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

Mediante un comunicado, informó que la madrugada del pasado viernes fue asesinado en su domicilio Severiano Hernández Méndez, fundador de la Unión de Indígenas Zapotecas y Chinantecos Emiliano Zapata. El delito ocurrió en la comunidad de Asunción Laxichila, municipio de Santiago Camotlán.

En 2006 Hernández participó de manera activa en apoyo a la movilización magisterial y popular, y promovió que Asunción Lachixila y otras comunidades aledañas se pronunciaran en contra de los abusos cometidos por el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Por otra parte, los activistas Bertín y Guadalupe Andrés Vásquez Ruiz, integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), resultaron heridos de gravedad el pasado 16 de junio, al ser atacados a balazos por supuestos integrantes del cabildo de San José del Progreso, justo enfrente del palacio municipal.

Consorcio recordó que los miembros de la CPUVO han sufrido agresiones reiteradas en lo que va del año, con resultado de dos activistas muertos: Bernardo Méndez Vásquez (el 18 de enero) y Bernardo Vásquez Sánchez (el 15 de marzo), además de varios heridos por arma de fuego, entre ellos Abigail Vásquez Sánchez, Rosalinda Dionisio Canseco y Andrés Vásquez Sánchez.

Otro colectivo agredido es la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), cuyo militante Feliciano Reyes fue asesinado a tiros el pasado 11 de junio en la comunidad de Los Valles, municipio de San Juan Mazatlán. Además, fueron amenazados de muerte el abogado Carlos Leonardo y el líder comunitario Remigio Núñez.

Por todo ello, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca condenó la falta de actividad del estado al generar un clima de permisividad de ataques, hostigamientos y asesinatos contra defensores de derechos humanos.

De igual manera, exigió que el gobierno local garantice la seguridad de los activistas y realice una investigación inmediata e imparcial para identificar y castigar a los responsables de las amenazas y los asesinatos.