Ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República se ha comprometido a investigar y resolver las violaciones de derechos humanos ocurridas tanto en la época de la llamada guerra sucia como en la actualidad, ni a cumplir los tratados internacionales firmados por México en la materia, señalaron diversos colectivos civiles.

Mediante un comunicado conjunto, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, la Fundación Diego Lucero y el grupo Nacidos en la Tempestad indicaron que en los pasados 40 años han podido documentar la estrategia de terrorismo de Estado contra los luchadores sociales.

Las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, procesos judiciales amañados, allanamientos ilegales, encarcelamientos injustos y otros actos de hostigamiento, afirmaron, han sido constantes en la historia del país.

Prueba de ello, dijeron, es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) logró acreditar 275 casos de desaparición forzada durante la guerra sucia –de un total de 532 expedientes analizados–, aunque las asociaciones civiles reportaron más de mil 200 casos de personas desaparecidas por el Ejército, grupos paramilitares y cuerpos policiacos.

Agregaron que la Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada durante el sexenio de Vicente Fox, nunca dio los resultados esperados para ayudar a las víctimas de la violencia de Estado a alcanzar la justicia, pues de 570 denuncias recibidas por dicha entidad no se obtuvo ninguna sentencia condenatoria.

Piden ver con seriedad el tema de la justicia

Por todo ello, aseveraron que es preocupante que ninguno de los candidatos presidenciales vea con seriedad el tema de la verdad y la justicia, el combate a la impunidad histórica y el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por México en el ámbito de los derechos humanos.

Los colectivos llamaron a los aspirantes de todos los partidos a investigar los crímenes de lesa humanidad y castigar a los responsables, así como a acotar el fuero militar y promover una ley general contra la desaparición forzada.

En la medida en que se evite postergar la justicia con la impunidad de estos casos, se podrán evitar nuevos abusos de las fuerzas públicas y de seguridad del Estado mexicano, o bien por grupos o individuos que actúen bajo la aquiescencia de éste, enfatizaron.