Con dos votos disidentes, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) confirmó la reserva de los nombres de 50 agentes de la Policía Federal (PF) que participaron en los operativos donde resultaron muertos y heridos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la caseta de salida de la carretera Chilpancingo-Acapulco.

Validó también la reserva de información sobre el tipo, marca y número de serie de las armas que utilizaron los agentes de la PF contra los estudiantes, así como el nombre de un testigo de los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011.

Jacqueline Peschard, comisionada ponente de ese recurso, destacó que la reserva obedece a que existe una averiguación previa en curso que no ha logrado identificar a los verdaderos culpables del homicidio de dos estudiantes.

En contraparte, el comisionado Ángel Trinidad, se pronunció por la difusión de toda la información, porque hubo violaciones graves a los derechos humanos,

Peschard dijo que la reserva de los nombres de los agentes de la PF se justifica porque realizan actividades sensibles; su difusión, puede constituirse en un elemento negativo en la actuación de las indagatorias que lleva a cabo el Ministerio Público Federal.

En cambio, desclasificó los nombres de funcionarios del estado de Guerrero y de la PF, entre ellos: el director del área de enlace jurídico y del titular de la unidad jurídica de la entidad, así como del titular de asuntos penales de la dirección de asuntos jurídicos de la PF, porque no realizaron ninguna función operativa, ni sustantiva tendiente a garantizar el orden público. Sigrid Arzt votó en contra de la difusión del nombre del funcionario de la PF.

En el debate del recurso, Trinidad recordó a Peschard que la Ley Federal de Transparencia es muy clara al señalar que no procede la clasificación de información cuando hay violaciones de lesa humanidad. Más aún cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) todavía investiga esas violaciones graves que usted reconoce en su ponencia.

La discusión se dio porque un ciudadano promovió una queja contra la PF por reservar los reportes emitidos por los policías federales que participaron en el operativo para desalojar a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de la Autopista del Sol, en Chilpancingo.

A partir de la intervención del Ifai, la PF entregó en versión pública los siguientes documentos de 2011: tarjeta informativa de 12 de diciembre, con una relatoría de los hechos; reporte del 19 de diciembre con el contenido de las indagatorias y de la presentación de la denuncia de los hechos; reporte de 29 de diciembre donde se hace una relatoría de los hechos relacionados con la investigación de la CNDH y un reporte denominado Informe pormenorizado, con fecha 2 de enero de 2012.

En las versiones se testaron (eliminaron) los nombres de los agentes y funcionarios de la PF, así como del testigo de los hechos; los datos de las armas usadas en el operativo y del material para controlar la manifestación; reportes sobre la fatiga del personal de la PF, entre otros.