Madrid, 20 de junio. El Tribunal Constitucional (TC) español decidió legalizar la formación de la izquierda nacionalista vasca Sortu, la primera formación de la órbita de Batasuna que condenó en sus estatutos la violencia de ETA y que pese a todo fue proscrita por el Tribunal Supremo (TS), en febrero de 2011.

La decisión fue adoptada en una ajustada votación: seis magistrados frente a cinco, lo que supone un nuevo revés al desprestigiado TS, el mismo órgano judicial que se negó a juzgar los crímenes del franquismo e inhabilitó al ex juez, Baltasar Garzón, por hacerlo. Esta institución está presidida por el juez Carlos Dívar, al borde la dimisión por gastar dinero público en viajes lujosos de carácter privado.

Sortu, la formación política que ayudó a fundar el dirigente vasco encarcelado Arnaldo Otegi, es legal. Una vez agotadas todas las vías jurídicas, el TC decidió dejar sin efecto la ilegalización que suscribió el TS en marzo de 2011, sólo dos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales a las que la izquierda abertzale (nacionalista) concurrió gracias a una coalición de última hora con otras formaciones vascas, que se aliaron en torno a Bildu, hoy la tercera fuerza electoral de la región.

El contexto de esos comicios y la propia naturaleza de la plataforma política eran diferentes a los presentados en los últimos 10 años, desde que en 2002 se aprobó la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que permitió a su vez la proscripción de una docena de marcas electorales vascas.

Condena a ETA

En marzo de 2011 ETA ya había decretado una tregua como la antesala al cese definitivo de la violencia, mientras en el seno de la izquierda abertzale se había sometido al escrutinio de sus bases y dirigentes una nueva estrategia que pusiera fin a los 40 años de violencia en la región.

Sortu fue el primer partido político de la izquierda abertzale que condenó de forma explícita y en sus estatutos la violencia en general, y la de ETA en particular. Aún así, y a pesar de cumplir aparentemente todos los requisitos legales, el TS decidió su ilegalización y le cerró el paso en los comicios.

En la votación del TC hubo cinco magistrados en contra, todos de las agrupaciones conservadoras, que decidieron además redactar tres votos particulares para presentar sus argumentos en contra de la legalización de la formación política.

A favor de la legalización se han pronunciado el presidente, Pascual Sala; la ponente, Elisa Pérez Vera; el vicepresidente, Eugeni Gai, y los magistrados Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Adela Asúa. Además, el alto tribunal declaró que se ha vulnerado el derecho de asociación de los recurrentes en su vertiente de libertad de creación de partidos políticos. Por lo que se ordena restablecerlos en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de la sala especial del Tribunal Supremo del Art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 30 de marzo de 2011.

El recurso de Sortu fue presentado el pasado 18 de mayo por el abogado de la formación, Iñigo Iruín, quien en dicha ocasión se mostró confiado en que la demanda pudiera prosperar al asentarse en el “bagaje jurídico sólido que se contiene tanto en el voto particular que suscribieron siete magistrados del Supremo contra la decisión de la mayoría de vetar a Sortu como en argumentos de la sentencia del propio TC respecto de la coalición Bildu.

La ilegalización de Sortu en el TS provocó en su día una división inusual en este tipo de procesos entre los magistrados, ya que siete de los 16 firmaron un voto particular en el que sostuvieron que no hay prueba razonable para proscribir a esta formación política, pues ésta cumplía con todos los requisitos establecidos en la ley.

De hecho, los magistrados afirmaron que no existe similitud sustancial entre Batasuna y Sortu porque sus estructuras, organización y funcionamiento no son similares, sus promotores tampoco coinciden ni hay una similitud sustancial respecto de la procedencia de los medios de financiación o materiales.

La sentencia del TC supone también una nueva muestra del desprestigio creciente del TS, sobre todo desde los procesos de inhabilitación contra el ex juez Garzón por intentar esclarecer los crímenes del franquismo, además de las extravagancias de su presidente, Carlos Dívar, quien en plena crisis y con la sociedad sufriendo severos recortes en todas las áreas, ha realizado numerosos viajes de lujo con dinero público en los últimos dos años, lo cual provocará su dimisión, con toda probabilidad, este jueves.

La sentencia se dará a conocer en los próximos días. Los promotores de Sortu comparecerán el próximo viernes, cuando ya sea oficial la decisión.