De diciembre de 2006 a septiembre de 2011 fueron asesinados 204 servidores públicos por la delincuencia organizada, según la Procuraduría General de la República (PGR), cuya información se evaluará hoy en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), luego de ser impugnada por ser parcial la respuesta a una solicitud sobre el tema.

También resucita el caso del litigio entre el Ifai y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), generado por la negativa del segundo a difundir el nombre de las personas físicas y morales a quienes se benefició con la cancelación de créditos fiscales por 73 mil 960.4 millones d pesos en 2007. En la sesión plenaria, el Ifai tendrá que pronunciarse al respecto, ya que el SAT reserva de nueva cuenta los nombres de los beneficiarios.

Sobre el tema, ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda argumenta que la información se encuentra protegida por el secreto fiscal, entre otras razones, porque se pondrían en riesgo los compromisos adquiridos en materia fiscal, mediante los convenios internacionales firmados por el Estado mexicano con autoridades fiscales de otros países, en los que se pacta el trato confidencial de manera estricta de la información intercambiada.

Esto, a pesar de que desde 2009 el Ifai ordenó –en el recurso 6030– la difusión de los nombres de los beneficiarios y las sumas correspondientes, y de que el sexto tribunal colegiado en materia administrativa revocó a principios de 2010 una suspensión que había favorecido al SAT para no difundir los nombres.

Como resultado de la negativa del órgano fiscal, el Ifai promovió en 2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por invasión de esferas, debido a que la CNDH concilió con el SAT para no cumplir la resolución del Ifai, pero el primero difundió una versión pública en la cual indica que sólo se cancelaron 674 mil 697 créditos fiscales, es decir, 94.81 por ciento del total inicial.

Asimismo, indica que siguen en controversia 4 mil 299 créditos fiscales (0.60 por ciento del total), por un importe de 2 mil 699 millones; en proceso de cobro, 19 mil 887 (2.79 por ciento), por un monto de 6 mil 554 millones; en concurso mercantil, 46 (0.01 por ciento), por 184 millones de pesos, mientras 12 mil 697 préstamos han sido pagados y están duplicados, los cuales representan 1.78 por ciento del total y significan un importe de 2 mil 225 millones.

Reitera el SAT que la cancelación no extingue la obligación de pago, pero la decisión de cancelarlos obedece a la imposibilidad práctica de cobro y a incosteabilidad. Dichos préstamos involucran todos los sectores productivos del país.