Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizan dos proyectos de dictamen con propuestas opuestas sobre los alcances del fuero de guerra.

El primero propone que los jueces militares únicamente conozcan de delitos establecidos en el Código de Justicia Militar y que si los soldados cometen algún ilícito previsto en el Código de Procedimientos Penales Federales (como es el caso de delitos contra la salud o vínculos con el narcotráfico) sean juzgados por el fuero federal.

El otro proyecto plantea que tribunales militares juzguen a los soldados, salvo en los casos en que hayan cometido violaciones a los derechos humanos de civiles.

De acuerdo con fuentes judiciales, ambos proyectos fueron entregados a la secretaría de acuerdos de la Corte y la fecha para su discusión en el pleno la determinará el ministro presidente Juan N. Silva Meza.

Fuentes judiciales explicaron que si prevalece el primer criterio, la SCJN daría un paso adelante en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó a México a reformar el Código de Justicia Militar para que faculte a los jueces castrenses a juzgar exclusivamente delitos que tienen que ver con la disciplina castrense, para que todos los asuntos relacionados con civiles sean llevados en el fuero ordinario.

En cambio, de prevalecer el segundo proyecto, los jueces militares seguirían teniendo la facultad de aplicar de manera supletoria el Código Federal de Procesos Penales a los soldados, si lo consideran conveniente.

Una vez que el pleno se pronuncie en favor de uno de los proyectos (el que busca acotar el fuero de guerra lo elaboró la ministra Olga Sánchez Cordero y el otro documento es de Sergio Aguirre Anguiano), los militares procesados por delitos federales podrían obtener incluso su libertad.

Los funcionarios entrevistados explicaron que, además, el pleno tendrá que definir los alcances de su decisión para cada proceso judicial, lo que podría derivar en la concesión de amparos lisos y llanos para la inmediata libertad del acusado o amparos para efectos de que se reponga el procedimiento.

Comentaron los informantes que en cada caso la Corte tendrá que definir qué hacer cuándo un juez militar inició erróneamente un proceso penal y las consecuencia de ello.

Hasta la fecha, suman más de 30 los asuntos que involucran a militares, que fueron enviados de los juzgados y tribunales federales a la SCJN, para que ésta los resuelva y fije jurisprudencia y criterios que serán de observancia obligatoria. Esto, indicaron, hasta en tanto el Congreso de la Unión no reforme el Código de Justicia Militar –como sentenció la CIDH a México– para evitar que los jueces militares conozcan de asuntos que no están previstos en la legislación castrense.