Madrid, 18 de junio. Los mineros españoles –de Asturias, Castilla y León y Aragón– protagonizaron una nueva jornada de huelga y paro general en protesta por los durísimos recortes del gobierno del conservador Mariano Rajoy, que suprimió 64 por ciento del presupuesto anual de la minería, lo que supondrá el final de una actividad que emplea a unas 29 mil 500 personas y de la que viven numerosos pobladores de la región. En todos los pueblos de las comarcas mineras se sumaron a la protesta el resto de sectores, desde la educación hasta las pequeñas y medianas empresas que colgaron el cartel: Cerrado en solidaridad con los trabajadores del carbón y su propia supervivencia.

Desde hace 22 días los mineros españoles mantienen una huelga indefinida que intercalan con actos contundentes de protesta, como el corte de carreteras, el cierre de avenidas centrales de las principales ciudades de las regiones mineras y marchas ante las oficinas del gobierno y de las sedes del Partido Popular (PP), al que señalan como el principal responsable de su situación. El origen del conflicto fue la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que redujeron en 64 por ciento el dinero destinado a la minería, lo que supone –según los trabajadores y sindicatos– el acta de defunción de una actividad histórica y modo de vida de numerosos pueblos de las comarcas mineras de Asturias, León y Palencia.

Los mineros mantienen una lucha constante que en algunos momentos ha sido de alta tensión y de duros enfrentamientos con los agentes antidisturbios, con los que se han enfrentado con cohetes pirotécnicos. Ahora se les unió el resto de la sociedad, con el cierre generalizado en todos los pueblos mineros del norte de España de panaderías, colegios, bares, oficinas y supermercados. Además continuó el encierro de decenas de mineros en tres minas, en Asturias y León. En El Bierzo, por ejemplo, siete mineros llevan 25 días recluidos en la mina de Santa Cruz del Sil. Todas estas minas de explotación del carbón es a su vez el sector más afectado del recorte a pesar de que supone la actividad laboral de 7 mil 900 personas.