En la fase final de la campaña electoral, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Manuel González Oropeza sostiene que ese órgano no tiene filias ni fobias por partido alguno para la calificación presidencial; también expresa su preocupación porque la libertad de expresión de los movimientos sociales sea rebasada y se instale en la intolerancia, al tiempo que advierte que la ley mexicana es compleja, pero prácticamente no deja márgenes para un fraude electoral.

En entrevista con La Jornada, el magistrado alude a la injerencia presidencial en la contienda, con el precedente que significó la intervención del ex presidente Vicente Fox Quesada en 2006, y sostiene que ha sido el único tribunal en poner un alto a esas prácticas: “En ocasiones pasadas, cuando se ha probado la intervención del Presidente (Felipe Calderón), ya hemos resuelto que sí ha violentado el marco constitucional. Este es el primer tribunal que lo ha hecho. En consecuencia, si se interviene, cumpliremos nuestro deber.

El problema es que la Constitución no prevé ninguna responsabilidad para el Ejecutivo más que de orden penal por traición a la patria o delitos graves. Ni siquiera una amonestación, pero una sentencia del tribunal de mayor instancia en materia electoral es por sí misma una descalificación hacia el Presidente, ciertamente moral, pero sí podemos hacer la declaración de que ha habido una violación a la ley.

González Oropeza se refiere también a los excesos de gastos de campaña denunciados y a la imposibilidad de que ello impacte en la eventual nulidad de la elección presidencial, pues habrá que probar, como en cualquier otra infracción, que por ese solo hecho se ganó la elección. Se puede convertir en indicio, pero debe haber una relación directa con el resultado de la contienda electoral, precisa.

–¿El rebase de topes es un factor...?

–Es un indicio. Si yo le doy una tarjeta de teléfono para que llame ilimitadamente, no hay garantía de que haya un voto favorable al candidato. Esas tácticas las hacen todos; en Michoacán PRI y PAN lo hicieron y se denunciaron, pero no por ello se anuló la elección.

A partir de este proceso hay causas específicas de anulación de los comicios presidenciales, y si bien se eliminó la denominada nulidad abstracta –violaciones sistemáticas de diversos ordenamientos– se podría llegar a anular porque se infringieran sistemáticamente los principios constitucionales de una elección, pero en unos comicios tan regulados como éstos, con los tiempos de radio y televisión operados por el Instituto Federal Electoral (IFE, es muy difícil.

En torno a la posibilidad de fraude, el magistrado del TEPJF cuestiona que se anticipe a priori una descalificación al proceso, a la participación ciudadana. Existen elementos que la garantizan, como la validación por etapas. No sé cual sea la intencionalidad, pero ahora, con el recuento de votos en presencia de representantes partidistas, y un modelo electoral que podría ser exportable, es difícil anticiparlo.

Tenemos todo para hacer un recuento total y estamos preparados. Hay una estrategia en la secretaría general de acuerdos para hacer un vaciado inmediato y distribución de los juicios de inconformidad que podríamos recibir; hay un plan interior para que todo el personal profesional se dedique a estos fines, dice.

Su preocupación sobre la libertad de expresión de movimientos sociales es que, al amparo de ésta, se pueda llegar a la violencia. Podemos estar en absoluto desacuerdo con un candidato, pero nadie tiene derecho a hostilizar. Si está convencido de que ese candidato es negativo, tiene su derecho a votar, a convencer a quien quiera, pero no imponer con manifestaciones, porque la coacción a la libertad electoral es algo muy grave. Está bien manifestarse, protestar, pero no confrontarse, boicotear.

Legislación compleja

La legislación mexicana –asegura González Oropeza– es muy compleja porque ha sido pactada por todos los partidos; por ello no es sistemática, “está construida con base en la desconfianza y eso genera muchas suspicacias. Lo peor para un tribunal es su aplicación cuando en ocasiones la legislación puede ser contradictoria o tener lagunas. Nosotros no podemos decir, ‘es que la ley es imperfecta’; tenemos que suplir y ahí la desconfianza existe, empieza la sospecha, y por qué interpretaron así”.

El magistrado electoral subraya que si bien puede haber entre ellos interpretaciones ponderadas o extremas, generalmente vamos a la que menos problemas puede generar, pero si la legislación es abstracta y descansa en principios abstractos, nuestra función es interpretarla en casos concretos.

Cita el caso de la representación legislativa de las mujeres: “Evitamos lo de las juanitas, las artimañas; se explicó que si no ha habido liderazgos de mujeres es porque no se les han abierto las puertas”.