l miércoles comienza la conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, mejor conocida por Río+20, para conmemorar la magna reunión de 1992 en la ciudad brasileña. Como entonces, en la mayoría de los documentos presentados se narra la situación crítica del planeta, la necesidad de cambios radicales. Por ejemplo, en cuanto a reducir la pobreza, el consumo desmedido de alimentos y energía del mundo industrializado, el manejo y uso irrracional de los recursos naturales, la necesidad de fortalecer las políticas multilaterales a fin de cumplir una meta común. Sin olvidar el papel fundamental que para alcanzar tales fines tienen las organizaciones sociales, los ciudadanos.

Está probado que no es posible alcanzar el desarrollo sostenible sin el respaldo y la participación de la gente. De ello hay muy buenos ejemplos en México.

Como en la reunión cumbre de 1992, otra vez en los documentos oficiales y en los de las organizaciones no gubernamentales se recalca la urgencia de luchar contra la desigualdad y la injusticia; el alcanzar el crecimiento económico sin deteriorar los recursos naturales y, a la vez, elevando la calidad de vida de la población. Todos estos asuntos son muy importantes, pues en 35 años más la población mundial aumentará en 2 mil millones de personas, que necesitarán agua potable, alimentos y energía.

Al respecto, un estudio elaborado para Río+20 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) devela que el aumento de la población y el consumo en América Latina amenaza seriamente al medio. Tanto más grave, pues en nuestros países se encuentra más de las dos terceras partes de las especies del mundo y una quinta parte de las regiones ecológicas.

La economía de América Latina depende en forma sustancial de esa rica biodiversidad, cada vez más destruida por actividades humanas. Prueba de ello es que la biodiversidad se redujo 30 por ciento desde 1992 mientras la población más que se duplicó en medio siglo, hasta sumar ahora 600 millones de personas La mayoría vive en áreas urbanas que demandan todos los días alimentos, agua y energía.

Los efectos que todo lo anterior ocasiona se deja sentir especialmente en la deforestación (de las más elevadas del planeta), y en cada vez menos agua per capita. Cada año se pierden en América Latina 800 mil hectáreas de bosques para dar paso a una agricultura y una ganadería que malbaratan recursos y no contribuyen a resolver los problemas alimentarios. Y que aumentan la desigualdad en el campo, a la que se une la marginación de millones en las ciudades. En paralelo, se tiene la contaminación de las cuencas hidrográficas, del aire de las ciudades y de las áreas costeras. Siguen utilizándose en el sector agropecuario agroquímicos que hacen daño al ambiente y a la población. Al lado de las explotaciones agrícolas más modernas, millones que viven en pobreza extrema ven cómo, en aras de una falsa modernidad, se agotan sus recursos naturales y se destruyen sus lazos comunitarios. A todo este panorama desfavorable para la mayoría de los habitantes de América Latina, el Pnuma agrega la impunidad, la escasez de instrumentos jurídicos que garanticen la aplicación de la ley, la falta de continuidad en los programas oficiales y la poca voluntad política de los gobiernos en la tarea proteger el ambiente y elevar la calidad de vida de la población.

En Río+20 se debe aprobar la forma de financiar un modelo de economía verde. Pero desde antes de que lo discutan y lo hagan realidad los enviados oficiales, ya hay división entre países ricos y pobres. Los primeros, alegan que por la crisis no pueden asumir compromisos financieros. En tanto que los segundos buscan la creación de un fondo verde multilateral que requiere al menos 30 mil millones de dólares al año para impulsar proyectos de desarrollo sostenible donde más se necesita. Un fondo muy cuestionado, entre otras cosas, por el temor de que los países industrializados y las trasnacionales lo conviertan en fuente de negocios disfrazados de verde.

Pero no adelantemos malas noticias. Río+20 merece terminar con medidas en bien de la gente y de la naturaleza.