La Asamblea Universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México acusó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de actuar de manera discrecional y omisa en torno a las averiguaciones previas que ha abierto relacionadas con integrantes de la comunidad de esa casa de estudios.

Aseguraron que mientras las denuncias interpuestas desde el año pasado por amenazas y agresiones por estudiantes críticos a la gestión de la rectora Esther Orozco se encuentran detenidas, por otro lado actúa con celeridad en el caso de una empleada de la universidad que denunció por amenazas a alumnos que participaron en una protesta efectuada en el plantel Centro Histórico, el pasado 7 de mayo, que la estaban videograbando.

Sobre estos últimos hechos, el pasado 13 junio, un funcionario de la oficina del abogado general de la UACM mostró a uno de los integrantes de la Asamblea un documento emitido por la PGJDF en el que se solicita a Orozco Orozco información sobre algunos alumnos de los planteles Centro Histórico, Cuautepec y San Lorenzo Tezonco contrarios a la funcionaria.

Dicho oficio, se informó, se deriva de la investigación que emprendió la PGJDF luego de que María Dolores Luna Herrera, reportera adscrita a la Coordinación de Comunicación de la universidad presentó una denuncia por supuestas amenazas de estudiantes que participaron en la citada protesta.

La celeridad con la que ha actuado la PGJDF en este caso contrasta con la discrecionalidad que ha mostrado respecto a denuncias presentadas por alumnos contrarios a Esther Orozco, como es el caso de Viridiana Vargas Gutiérrez, del plantel Centro Histórico, quien denunció amenazas de muerte por parte de funcionarios de la UACM.

Pese a que en septiembre del año pasado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) urgió a la procuraduría capitalina a investigar esos hechos, a la fecha eso no ha sucedido, aseguró la Asamblea Universitaria.

También está el caso de la estudiante Norma Velázquez Hernández, que en julio de 2011 presentó una denuncia penal por las agresiones físicas de que fue objeto también presuntamente por funcionarios de la rectoría, pero ante las irregularidades en la investigación, como la desaparición de una hoja del expediente y un falso cambio de domicilio de la denunciante, motivó que el Ministerio Público determinara el no ejercicio de la acción penal, motivo por el cual la defensa de la joven presentó una queja ante la CDHDF.

Ante esta situación, la Asamblea Universitaria de la UACM exigió a la PGJDF una explicación puntual sobre estos casos y que resuelva con imparcialidad las denuncias presentadas, al tiempo que solicitó la intervención de la CDHDF para que vuelva a pedir a la dependencia que investigue conforme a derecho el hostigamiento, la persecución y las amenazas contra estudiantes críticos a la administración de Orozco Orozco.