e dio a conocer ayer la resolución adoptada por la Comisión Federal de Competencia (CFC) el pasado 5 de junio, en el sentido de avalar la compra por Televisa de 50 por ciento de las acciones de Iusacell. Los integrantes del organismo, que en enero pasado habían rechazado dicha fusión empresarial, decidieron ahora permitirla a cambio de una serie de condiciones para evitar el riesgo de colusión: el establecimiento de un plazo de 24 meses para que se licite una tercera cadena de televisión abierta, con la amenaza de disolver la sociedad en caso de que esto no ocurra; el compromiso, por parte de Televisa y TV Azteca, de cesar sus prácticas abusivas y discriminatorias en venta de publicidad y de contenidos de televisión abierta y restringida, y la prohibición de que el consejo de administración de Iusacell esté integrado por empleados de otras empresas de Grupo Televisa y Grupo Salinas, directamente involucradas en el negocio televisivo.

Horas más tarde, por medio de un comunicado, Iusacell calificó las condiciones impuestas por la CFC de duras y agresivas. Televisa, por su parte, informó que procederá a analizar los términos y condiciones previstos en la resolución respectiva, ya sea para aceptarlos o impugnar dicha resolución a través de los medios legales disponibles.

Con o sin tales condicionantes, la consecuencia más importante de la resolución dada a conocer ayer por la CFC no es la generación de una mayor competencia en el mercado de la telefonía móvil, sino la luz verde a una conjunción entre las dos principales empresas televisivas del país, y la consecuente regularización de una circunstancia a todas luces anómala: hasta ahora, y pese a su condición formal de competidoras, las televisoras del Ajusco y Chapultepec han obstaculizado en forma sistemática la entrada de nuevos actores al sector de las telecomunicaciones, han impuesto restricciones a la compra de publicidad y condicionado la venta de sus contenidos a empresas de televisión restringida, como reconocen los propios integrantes de la CFC.

A esa virtual unión de intereses corporativos –que en conjunto detentan 94 por ciento de las señales de televisión abierta– habrá que sumar, ahora, los de la empresa española Telefónica, que controla 21 por ciento del mercado de telefonía móvil en el país, y que la víspera anunció una alianza con Iusacell para compartir infraestructura de fibra óptica: semejante circunstancia, lejos de garantizar la apertura de las telecomunicaciones y el consecuente beneficio de los usuarios en mejora de servicios y reducción de precios, refuerza el dominio oligárquico sobre las distintas configuraciones tecnológicas de ese sector.

Para colmo, según se desprende de las respuestas de Iusacell y Televisa a las condiciones impuestas por la CFC, los conglomerados mediáticos y telefónicos en el país no están dispuestos a realizar concesión alguna, por mínima que sea, para revertir el control ilegítimo y abusivo que ejercen sobre el espectro de frecuencias radioeléctricas, y antes bien son proclives a desafiar a las instituciones del Estado mexicano y a desobedecer sus resoluciones, incluso cuando resultan favorables y obsequiosas para sus intereses.

Finalmente, la decisión de la CFC de exigir la licitación de una tercera cadena de televisión para compensar la fusión de las compañías de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas no garantiza revertir la insultante concentración en unas cuantas manos del espectro de frecuencias radioeléctricas: al contrario, es de suponer que la referida cadena no será otorgada a entidades gubernamentales, a universidades, a organizaciones sociales, cooperativas o a entidades públicas de interés social, y ni siquiera a pequeños empresarios de las telecomunicaciones, sino a aquellos grandes competidores de Televisa y TV Azteca con capacidad tecnológica y financiera para operar señales televisivas en gran escala.

En suma, el supuesto compromiso antimonopólico de los órganos reguladores de la economía y, en particular, de las telecomunicaciones, es desmentido por decisiones como la comentada, que no impiden, sino facilitan la consolidación de los monopolios. Semejante contraste entre la formalidad legal y la realidad sólo puede tener un desenlace deseable: el acotamiento del poder fáctico acumulado por los grandes conglomerados de telecomunicaciones, la prohibición a las uniones corporativas entre éstos, y la adopción de mecanismos de fomento para la verdadera democratización y plena apertura del espectro radioeléctrico.