Ante el permiso que dieron funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el cultivo comercial de soya transgénica, Greenpeace presentó ayer un procedimiento de responsabilidad administrativa al órgano interno de control de la dependencia.

Los servidores públicos que dieron el permiso son Alfonso Flores Ramírez, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira), y Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental. Emitieron un dictamen vinculante positivo para la siembra comercial de 253 mil 500 hectáreas de soya transgénica en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas

La organización explicó que esto se hizo sin tomar en cuenta opiniones de expertos sobre la siembra de soya transgénica –tolerante al herbicida glifosato– de la empresa Monsanto, lo cual ocurrió a pesar de existir una suspensión de oficio dictada por el juzgado primero de distrito de Mérida, Yucatán, para la siembra de 30 mil hectáreas de dicho producto, solicitada por la mencionada trasnacional en 2011, debido a los daños irreparables que puede ocasionar al medio ambiente y los riesgos que representa para la salud humana.

El dictamen positivo vinculante que otorgaron ambos funcionarios de Semarnat contraviene las opiniones técnicas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y del Instituto Nacional de Ecología (INE), los cuales emitieron un dictamen no favorable, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que recomendó hacer una evaluación de impacto ambiental antes de liberar el producto, dado el evidente riesgo de afectación a áreas naturales protegidas por contaminación del glifosato, así como de afectación a la polinización favorecida por la apicultura.

En un comunicado la organización informó que el reglamento interior de la dependencia establece que las opiniones técnicas científicas son obligatorias.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no puede dar permisos para la siembra de transgénicos sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad que emita la Semarnat, previa opinión técnica vinculante, análisis y evaluación de riesgo del INE, de la Conabio y, en su caso, la opinión de la Conanp.

Los servidores públicos no escucharon los argumentos técnicocientíficos de sus propios especialistas, quienes señalaron los riesgos y los numerosos inconvenientes que generaría la liberación comercial de soya transgénica, señaló María Colín, asesora legal de la organización ecologista.