La figura del arraigo es un método de investigación perverso y tergiversado, cuyo porcentaje de eficiencia es nulo, ya que sólo en 3 por ciento de los casos las autoridades logran obtener una sentencia condenatoria contra los acusados, señalaron activistas de derechos humanos.

A propósito de la nueva queja interpuesta por el general Tomás Ángeles Dauahare por los presuntos abusos cometidos en su contra durante el arraigo a que está sometido desde el pasado 17 de mayo, Silvano Cantú, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que este recurso está fuera de cualquier marco legal.

Resulta lamentable el uso de ese método anticonstitucional; es una figura cuya desaparición han pedido diversos organismos internacionales, y que se usa de manera abusiva para espectacularizar la justicia penal, subrayó el activista.

Además, dicha herramienta tiene una efectividad mínima, ya que en 97 por ciento de los casos la Procuraduría General de la República termina haciendo el ridículo al no conseguir elementos que comprueben la participación del sospechoso en un delito. Es un desatino y una forma de investigación perversa y tergiversada, añadió.

Por su parte, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que a pesar de que el arraigo fue elevado a nivel constitucional, dicha práctica va en contra de otras disposiciones de la Carta Magna, como la reforma de 2011 en materia de respeto a las garantías individuales.

Tener que encontrarle pruebas de culpabilidad a una persona arraigada es una invitación a la tortura, además de que es una detención arbitraria y va contra la presunción de inocencia. Es absurdo defenderla, pero el mensaje que en realidad quiere transmitir el Estado es que tiene todo el poder y lo va a ejercer cuando y como quiera, puntualizó.