El presidente Felipe Calderón firmó en Los Pinos los decretos que expiden, por un lado, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos contra la Trata de Personas, y por otro, las reformas para combatir con mayor eficacia los feminicidios.

En el acto, el mandatario destacó la trascendencia de estas reformas, las cuales ubicó en el esfuerzo que realiza su gobierno contra la criminalidad. Dijo que la trata de personas es uno de los delitos que más ofenden a la sociedad y más dañan la dignidad humana.

Quizá uno de los datos más preocupantes es que la trata de personas está en nuestras comunidades, es visible; sabemos que está ahí y, por desgracia, quizá para muchos mexicanos es un fenómeno carente de tacha o, simplemente, incuestionable u ordinario. Dijo que otros delitos que indignan a la sociedad son los cometidos contra las mujeres por el solo hecho de serlo. Todos los días –añadió– hay quien acosa a las mujeres en su trabajo, hay quien abusa sexualmente de ellas utilizando todo tipo de violencia, física y sicológica.

Tristemente, cada año miles son asesinadas, no en el contexto de cualquier otro delito, sino con rasgo específicos de haber sido ultimadas por el hecho, en cierta forma, de ser mujeres.

Además –lamentó–, todo esto ocurre frente a muchas autoridades, algunas de ellas omisas, que saben de estos hechos, pero quizá prefieren ignorarlos o no darles la atención urgente que demandan.

Dijo que ante esta realidad, el Estado mexicano no podía permanecer callado o indiferente, por lo que ahora, con estas nuevas reformas, se busca dar una respuesta clara y contundente, cerrando lagunas legales que eran aprovechadas por los delincuentes y aumentando la penalización para estos actos delictivos.

De acuerdo con información de la Presidencia, al entrar en vigor esta nueva ley se fortalece la integración de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, estableciendo la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

La ley tiene el objetivo delinear una correcta coordinación entre la Federación y los estados para la persecución de la trata de personas; abarca las diversas modalidades del fenómeno, incrementa las penas para quienes incurran en las conductas tipificadas y amplía las características de los sujetos pasivos de este delito.

Así, por ejemplo, se incrementan las penas y multas hasta 40 años de prisión en los casos del padre, madre, tutor o persona que tenga autoridad sobre quien se ejerce la conducta, que entregue o reciba de forma ilegal o incluso mediante adopción a una persona menor de 18 años con el propósito de abusar sexualmente de ella o incurr en cualquiera de las formas de explotación.

Asimismo, la ley prevé la reparación del daño a la víctima en un aspecto jurídico amplio, advierte mecanismos mucho más eficaces para su protección y cumple los protocolos internacionales de prevención y trata.