En México las posibilidades de que un acusado de delincuencia organizada pueda defenderse durante el tiempo que se encuentre bajo arraigo son tan limitadas, que los investigados ni siquiera pueden obtener copia de la averiguación previa abierta en su contra, amén de que los fiscales tampoco les dan la oportunidad de carearse con sus acusadores, a pesar de que la Constitución les da ese derecho.

Los abogados del general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare presentaron una nueva queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la cual denuncian que la Procuraduría General de la República (PGR) ha violado las garantías constitucionales del militar sujeto a un arraigo, entre ellas las de presunción de inocencia, debido proceso, igualdad procesal de las partes y de audiencia.

Para enterarse de las acusaciones, los abogados del general han tenido que recurrir a la memoria para recordar frases, obtener los nombres de los acusadores y testigos protegidos, memorizar fechas y circunstancias temporales de los delitos que le imputan al militar en retiro, y conocer otros datos que son elementales para articular una estrategia de defensa.

Los fiscales se han negado también a revelar la identidad real y el lugar en que se encuentran los llamados testigos protegidos que declararon en la averiguación previa en contra del general, pues el Ministerio Público se escuda en el argumento de que existe la posibilidad jurídica de restringir garantías a los acusados de delincuencia organizada durante el periodo de desahogo de la averiguación previa.

Los obstáculos

Abogados cercanos a la defensa del general, consultados por este diario pero que pidieron no mencionarlos, aseguraron que la respuesta de la PGR ha sido que el inculpado podrá solicitar los careos que quiera con sus acusadores una vez que el caso se turne a un juez de procesos penales federales, y el general sea trasladado a un penal de máxima seguridad.

Sólo que hay un problema:  dos de los testigos protegidos que declararon contra el general no están en México, sino en Estados Unidos, y se ve complicado que puedan ser traídos a territorio mexicano para que puedan carearse con el general, ya que el gobierno del vecino país les otorgó una nueva identidad para protegerlos de cualquier venganza en su contra.

A estas complicaciones que enfrentan los abogados del general se suma la decisión de un juez federal que negó el amparo que promovió el general Ángeles Dauahare en contra de la orden de arraigo por 40 días a la que está sometido para ser investigado por supuestos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.

Jesús Alberto Chávez, juez decimotercero de distrito en materia de amparo penal del Distrito Federal, determinó negar ese recurso, por estimar que es una medida que exige sólo indicios de delito –no pruebas contundentes–, y en este caso la PGR presentó los indispensables.

El militar promovió el amparo contra el juzgado primero federal penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, el cual decretó la medida cautelar el pasado 15 de mayo.

El juzgador otorgó el valor de indicio a las declaraciones de los testigos protegidos Jennifer y Sergio Villarreal El Grande, quienes señalan que el general Ángeles pudiera haber colaborado o pertenecido a la organización criminal de los Beltrán Leyva.

La defensa de Ángeles Dauahare ofreció el pasaporte con el cual acredita que el militar estaba en Alemania en las fechas en que dichos testigos protegidos dicen haberlo tratado en reuniones en el Distrito Federal, pero esa prueba fue desechada por extemporánea.