Los pueblos indígenas, en particular las mujeres, no pueden asumirse como víctimas del sistema social. Debemos optar por impulsar transformaciones estructurales que inician desde nuestras comunidades para escalar a las esferas públicas con la finalidad de romper el modelo colonizador al que nos enfrentamos, señala Mirna Cunningham, académica nicaragüense integrante de la Red de Universidades Indígenas Interculturales de América Latina y el Caribe.

En entrevista con La Jornada, indica que los estados deben realizar reformas constitucionales para dotar a los pueblos originarios de los derechos que carecen, pues estos ciudadanos, sobre todo las mujeres, enfrentan altos índices de mortalidad, analfabetismo y nulo acceso a espacios de poder.

Cunningham, también presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas y quien en 2010 fue reconocida con el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México –en el contexto del centenario de la institución–, se encuentra en México impartiendo un diplomado para fortalecer el líderazgo de las indígenas del país, auspiciado por el Programa Universitario México Nación Multicultural y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de esa casa de estudios y con el respaldo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la ONU y otras instituciones.

La académica señala que hoy los habitantes de pueblos originarios en la región enfrentan la confrontación de su modo de vida y cosmovisión contra el modelo neoliberal.

El sistema económico, advierte, ha propiciado que haya industrias extractivas en territorios indígenas, lo que ha impactado en la vida de éstos. No se trata sólo de un problema económico, ya que pone en riesgo los avances legislativos referentes a los pueblos indígenas. Otorgar concesiones en sus territorios significa un retroceso en el proceso de los derechos colectivos y territoriales para ellos en las décadas recientes.

Otro riesgo para estas comunidades, dice, tiene que ver con mecanismos que permitan su participación en la formulación de políticas públicas, en particular las relacionadas con el sector extractivo. Estas industrias se están estableciendo en nuestros países sin respetar los mecanismos de participación y negociacicón sobre los pueblos indigenas. Debería haber un consentimiento previo, libre e informado, uno de los derechos fundamentales reconocidos a escala internacional.

Donde hay una empresa extractiva aumenta la prostitución, la trata de personas, la contaminación, se deteriora el nivel de vida, se les expulsa de su territorio, escasea el agua. Sin embargo, no se ve voluntad política de los gobiernos para enfrentar y corregir estos conflictos.

En realidad todos somos víctimas de un modelo estructural y económico que nos tiene en la indefensión, abundó. A las indígenas no nos gusta el planteamiento de victimización porque nos distrae de nuestro objetivo y no resuelve los problemas de fondo.

Respecto de la educación dijo que juega un papel fundamental en todos los niveles, pero, dijo, debe ser una educación que respete lo que nosotros decimos, y que sea de calidad, igual que la que debe impartirse al resto de la población, pero que incluya los elementos de nuestra cultura, y que tengamos capacidad de controlar el currículum, así como el contenido y la forma, y obviamente que esa educación cuente con recursos del Estado.

Otro eje para la transformación en favor de los pueblos originarios es la articulación de la lucha nacional y local mediante el establecimioento de estándares internacionales de derechos humanos.

Si logramos utilizar los procedimientos establecidos en el sistema de la ONU para medir cómo se están cumpliendo las garantías fundamentales, en esa medida podremos empujar procesos internos. Si combinamos esas estrategias podemos ir avanzando, concluyó.