Querétaro, Qro., 10 de junio. En Querétaro hay 54 notarías, la mayoría de las cuales están en manos de ex gobernadores, ex dirigentes de partidos, ex diputados federales y ex funcionarios de diversos niveles de gobierno, así como por los hermanos o hijos de éstos, gracias a vínculos políticos y familiares con quienes han sido mandatarios estatales.

En el directorio estatal aparece como titular de la notaría número 3 el ex gobernador priísta Enrique Burgos García (actual candidato a senador) y su hijo Enrique Burgos Hernández, quien obtuvo la adscripción el 29 de agosto de 2003, cuando Ignacio Loyola Vera, emanado del Partido Acción Nacional, era gobernador del estado.

Gil Mendoza Pichardo está en la notaría número 11, del municipio de Tequisquiapan. El priísta fue secretario del Trabajo durante la gestión de Loyola Vera como gobernador.

Jesús María Rodríguez Hernández es titular de la notaría número 34, ubicada en esta capital. Fue presidente municipal en el periodo 1994-1997, dirigente del Partido Revolucionaro Institucional y actualmente diputado federal.

Samuel Palacios Alcocer era titular de la notaría número 27 ubicada en la capital queretana, desde el 24 de septiembre de 1990, cuando su hermano Mariano Palacios era gobernador del estado (1985-1991). A esa notaría también está adscrito Humberto Palacios Alcocer, hermano del ex mandatario y ex dirigente nacional del tricolor.

El 15 de enero de 2010, Samuel Palacios presentó al gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa su renuncia a la titularidad de esa notaría y propuso para el cargo a su hijo Samuel Palacios Vega, lo que fue concedido al publicar el gobierno estatal el decreto correspondiente en el periódico oficial, el 19 de febrero de 2010.

También son notarios Roberto Loyola Vera (ex secretario de Gobierno estatal y hoy candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PRI), hermano del ex gobernador Ignacio Loyola; la ex senadora del tricolor Sonia Alcántara Magos; Virginia Ortiz Arana (hermana del ex dirigente nacional del PRI, Fernando Ortiz Arana), y el ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo Ortega Zarazúa, éstos dos últimos como adscritos.

La Ley de Notariado del Estado de Querétaro estipula que la función notarial corresponde al Poder Ejecutivo del estado, pero delega su ejercicio a profesionales del derecho mediante nombramientos. El notario que recibe ese nombramiento es auxiliar de la función pública y tiene autorización para validar actos y hechos. El cargo de notario es vitalicio y podrá ser suspendido o cesado si se incurre en alguna irregularidad; además, quien lo posee no recibe remuneración por ocupar un cargo público, pero sí tiene derecho a cobrar honorarios por los servicios que ofrece.

Según la ley de notariado, ninguno que tenga ese cargo podrá ocupar cualquier otro de elección popular; sin embargo, sí podrá solicitar licencia para contender a un puesto público o electoral durante el tiempo que dure el nuevo cargo.

Las causas por las que un notario titular puede dejar el cargo son renuncia, enfermedad, muerte, cese por algún procedimiento jurídico o por incurrir en alguna irregularidad; además, el notario titular podrá proponer a la persona que fungirá como notario adscrito.

Sin embargo, en ninguno de los 180 artículos contenidos en la ley de notariado se especifica si los hijos o familiares directos podrán ocupar los cargos de notarios adscritos, o cederle los derechos de la titularidad cuando se deje ese puesto.