n un ambiente en el que –en mi opinión– al menos desde 1992 se registra una violación permanente, prolongada y más o menos soterrada y silenciosa del artículo 27 de la Constitución, no es sencillo reivindicar –al menos– dos de los principios que, en el ámbito de los energéticos, se desprenden de este precepto constitucional: 1) la propiedad originaria de los recursos naturales energéticos y de sus rentas; 2) el carácter estratégico del control nacional de la industria integral del petróleo y del servicio público de electricidad. Ambos principios otorgan –desde la redefinición fundante
de nuestra Nación en 1857 y su ratificación en 1917– un poder a la sociedad.
Enorme poder por lo demás, establecido en contraposición a la experiencia nociva y regresiva del derecho absoluto a la propiedad privada derivado –según señalan los especialistas– del código napoleónico de 1804. ¡Que nunca se nos olvide esto! Se trata de una definición –perdón por la reiteración– fundante
de la nación mexicana, orientada a enfrentar –de nuevo, como documentan los constitucionalistas– los desequilibrios, pobreza y miseria que generó en el siglo XIX la práctica común del derecho exclusivo a la propiedad privada, de la que se podía gozar y disponer de manera absoluta, según rezaban los códigos. No podemos olvidar esto. Nunca. Al menos en lo que respecta a la propiedad originaria de tierra y aguas.
Por eso en el mismo 27 se ratifica el poder de la Nación –a través del Estado– para poner límites a la propiedad privada, cuya experiencia depredadora se vivió –de hecho se sigue viviendo– luego de los códigos privatizadores absolutistas. Finales del siglo XIX e inicios del XX son, en consecuencia, momentos en los que la sociedad se da instrumentos para enfrentar ese absolutismo
de la propiedad privada. La expropiación petrolera en 1938 y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 no son sino un reiteración soberana –conflictiva pero exitosa– de este principio constitucional. Pero también de la determinación nacional de reservar para el Estado el control de estas dos industrias considerada estratégicas.
¿Para qué o para quién? Para el bienestar básico de la sociedad, incluidos aquellos que no logran tener –de ordinario por la misma lógica del desarrollo– la capacidad de proveerse los bienes y servicios esenciales para vivir, sin duda combustibles y electricidad. En mi opinión en estas elecciones –acaso como en ninguna de las anteriores– están en juego no sólo la ratificación o rectificación de estos dos principios constitucionales –de los que, por cierto, el oportunismo de muchos gusta caricaturizar– sino su práctica concreta, sujeta actualmente a muchas contradicciones legales. ¿Qué sentido tiene, si no, el mandato legal para definir, por ejemplo, una estrategia nacional de energía? ¿Cuál asimismo, la determinación legal de garantizar combustibles de calidad y a buen precio a la sociedad? ¿Cuál, finalmente, para sólo dar un ejemplo más, el mandato de prestar un servicio público de electricidad suficiente, confiable, óptimo, sustentable y al menor costo?
El PRI se encuentra en un severo aprieto en la medida que en su declaración de principios ratifica los principios constitucionales a pesar de que la práctica de sus dos últimos presidentes ha sido totalmente contradictoria con ello. Y su candidato de hoy ha sido incapaz de abordar con el debido cuidado y el respeto que merece la sociedad, esta problemática tan delicada. El PAN –acaso con menos aprietos ideológicos por la forma en que defiende la propiedad privada en su declaración de principios– no ha tenido los arrestos para señalar de frente a la Nación su ánimo expreso de modificar el artículo 27 de la Constitución. Y su candidata a la Presidencia tampoco ha abordado con la seriedad que merece el asunto, sus principios y su visión programática, luego de 12 años de prácticas regresivas y contradictorias.
Y sin embargo, amigos –serios y respetables amigos– apoyan al PRI y al PAN, pero suscriben y consideran fundamental la ratificación del 27 constitucional, pese a las regresiones prácticas o, incluso, esenciales que, por ejemplo en el ámbito ejidal, se han impulsado. A pesar de sus contradicciones y de diversas propuestas que exigen una reflexión más cuidadosa –muchísimo más cuidadosa– cuando la coalición de izquierda ratifica estos principios constitucionales, traza un eje fundamental para quienes, pese a los errores y desaciertos y abusos priístas y panistas de la práctica de esto principios, aún creemos en la necesidad de limitar el ejercicio absolutista de la propiedad privada, y seguir otorgando a la sociedad el poder que representa la propiedad originaria de los recursos naturales y el control nacional de la industria petrolera integral y del servicio público de electricidad.
Por eso, precisamente por eso, mi voto va por esta coalición de izquierda. Sin duda.
