“La estrategia global de ‘despeje y control territorial’, disfrazada bajo un filantrópico ‘espíritu conservacionista’ responde a intereses corporativos multinacionales del llamado capitalismo verde, interesados ahora sí en la conservación ecológica bajo la forma de áreas naturales protegidas de carácter federal con fines de mercantilización, apropiación y multimillonario lucro privado”, concluyó la organización ambientalista Maderas del Pueblo del Sureste, luego de realizar, con otros organismos civiles, un recorrido por tres comunidades indígenas establecidas en Montes Azules, amenazadas con el desalojo por las autoridades federales.

Para Maderas del Pueblo, los bienes naturales comunes en ésta y otras regiones indígenas (biodiversidad, cubierta forestal que captura carbono, agua no contaminada, minerales, bellezas escénicas), invaluable patrimonio del pueblo mexicano, son ambicionados por algunas de las empresas más poderosas del mundo, varias ya con presencia en la selva Lacandona y sus cercanías. Y enumera los sectores biotecnológico y agroalimentario (Monsanto, Pioneer, Novartis, Bimbo); farmacéutico (Pharmacia, Bayer, Pfizer, Adventis); automotriz y petrolero (Ford Motors Company, General Motors, Shell, Federación Internacional Automotriz); embotelladoras (Coca Cola, Nestlé, Pepsi Cola) y minero (Cemex).

La privatización conservacionista y la mercantilización de la naturaleza es impulsada por organismos multilaterales, financieros y de cooperación internacional, como el Banco Mundial (promotor del Corredor Biológico Mesoamericano), la Unión Europea (Prodesis), la estadunidense Agencia Internacional para el Desarrollo (con el proyecto Selva Lacandona Siglo XXI: Estrategia Conjunta para la Conservación de la Biodiversidad) y, recientemente, por acuerdo de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por el nefasto programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (REDD plus).

Dichas estrategias son operadas por organizaciones presuntamente no gubernamentales de carácter trasnacional como Conservación Internacional, Nature Conservancy, World Wildlife Fund, o nacional como Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Pronatura y muy especialmente Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, Natura y Ecosistemas Mexicanos y Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (Ceiba); los tres últimos, destaca el estudio, vinculados a la ex secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales Julia Carabias, “quien ha instrumentado negocios ‘verdes’ al sur de la selva Lacandona, que van de la comercialización de mariposas y proyectos de ‘pago por servicios ambientales’ con fondos de la Comisión Nacional Forestal y Petróleos Mexicanos, hasta de hoteles de ‘ecoturismo’ y turismo científico en lo que fue la Estación Biológica de la UNAM en Chajul y en la desembocadura del río Tzendales”.

Maderas del Pueblo resalta que el actual gobierno chiapaneco “ha asumido demagógicamente el discurso ‘ecologista’ y de ‘lucha contra el cambio climático’, utilizando como punta de lanza la selva Lacandona” y a la llamada comunidad lacandona, compuesta por lacandones (maya caribes los llama el documento) y subcomuneros tzeltales de Nuevo Palestina y choles de Frontera Corozal como socios minoritarios, para instrumentar proyectos de ecoturismo (en realidad, turismo convencional escénico y un elitista turismo de aventura), así como programas de pago por servicios ambientales y REDD. A esto se suma la expansión de plantaciones de palma africana para agrocombustibles en la franja que va de Palenque a Marqués de Comillas.

Tras constatar la situación en Montes Azules y en las comunidades amenazadas de desalojo, Maderas del Pueblo llama a las organizaciones sociales y políticas con presencia en la región a construir un frente en defensa de la tierra y el territorio. Los bienes naturales en la región lacandona son estratégicos para la soberanía nacional ante la agresiva enajenación territorial en curso con fines de mercantilización.